Analiza el IIH la administración del Programa Bracero en México

MORELIA, Mich., 21 de noviembre de 2014.-  El Instituto de Investigaciones Históricas, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), fue el marco de la conferencia “La urgente necesidad de regular las salidas: La administración del Programa Bracero a nivel federal, estatal y municipal en el centro-occidente mexicano”, a cargo del conferencista Alberto García Maldonado, de la Universidad de California, originario de Churintzio, con estudios de Licenciatura en Comunicación e Historia, Maestría en Estudios Latinoamericanos, Maestría en Historia, además de un Doctorado en la Universidad de California.

Al hacer un análisis del panorama histórico en torno al Programa Bracero en el país, relató que en octubre de 1950 se entregaron mil 440 boletines en quince ciudades de siete estados del país a autoridades locales, que proporcionaban información a los aspirantes a braceros – nombre dado a los trabajadores en su mayoría agrícolas, que emigraron a Estados Unidos durante un programa bilateral que fungió de 1942 a 1964. Un 71 por ciento de la emisión total de comunicados, fueron entregados en ciudades de los estados centro-occidentales de Guanajuato, Jalisco y Michoacán, en poblaciones que se encuentran en la cuenca del rio Lerma, estados que recibieron aproximadamente la mitad de los más de cuatro millones de contratos que fueron distribuidos a lo largo de 22 años.

Aunque el programa Bracero no se diseñó con esta meta, explicó el investigador, “éste se convirtió en una herramienta para que gobiernos municipales, los cuales después de que el gobierno federal hubiera fracasado en su intento de distribuir los contratos en la ciudad de México,  fueron los encargados de reclutar y seleccionar trabajadores migrantes, buscando dar preferencia a aquellos individuos que estaban causando o que podían causar problemas en sus comunidades. También los gobiernos municipales aprovecharon esta oportunidad para buscar un clientelismo político que dio lugar a corruptelas de todo tipo”.

Esta conveniencia política, explica García Maldonado, le da una dimensión política al Programa Bracero y a lo que fue el crecimiento del fenómeno migratorio en estas poblaciones; “debido a que los gobiernos municipales fueron la clave en la administración del programa superando así la supervisión o acción que pudiera haber tenido el Gobierno Federal”.

En un inicio, narra, “se establecieron centros de pre contratación: los gobiernos estatales entregaban una tarjeta a los braceros que habían sido seleccionados, y solo después de tener la tarjeta viajaban a la Ciudad de México para someterse a exámenes médicos; ya para 1945 el gobierno federal se desentendió del proceso de reclutamiento y selección de braceros, y dio la responsabilidad a los gobiernos estatales y municipales, por lo que los centros de pre contratación se hicieron centros de contratación, es decir que además de dar las tarjetas, entregaban los contratos”.

En el estado de Guanajuato, ejemplificó, los municipios con mayor demanda y contratos recibidos fueron Abasolo, Irapuato, Pénjamo, León, Valle de Santiago y Salvatierra; en el estado de Michoacán fueron Coeneo, Ecuandureo, La Piedad, Morelia, Puruándiro, Jiquilpan, Zamora y Zinapécuaro; mientras que en Jalisco fueron Guadalajara, La Barca, Tepatitlán, Yahualica, Tlaquepaque y Zapopan.

Los requisitos solicitados para poder ingresar al programa eran: tener entre 20 y 40 años de edad, contar con el servicio militar liberado, tener buen estado de salud, carecer de trabajo y no ser ejidatarios. Al ser consideradas personas elegibles recibían una tarjeta, mismas que eran depositadas en una urna, para de esta manera sortear los contratos, todo esto teniendo como responsables a los gobiernos municipales, hecho que propició a juicio del historiador, “que se desataran acusaciones en contra de los mismos por vender las tarjetas primeramente y después por salir beneficiados en los sorteos de los contratos”. A finales de los años 50’s y principios de los 60’s, ya en el final del programa, los gobiernos municipales hacían pedidos de tarjetas para cada comunidad, argumentando que el dinero obtenido, serviría para mejoras materiales especificas del municipio.

El Programa Bracero tuvo sus inicios en el año de 1942 y se creía que este programa daría un impulso para el desarrollo rural en México, vía las remesas y por los conocimientos técnicos que los braceros podían adquirir en Estados Unidos, también se argumentaba que al ser expuestos y vivir en comunidades con agua potable, luz eléctrica, calles pavimentadas, y un sistema de educación pública gratuito, iban a querer recrear eso en México, lo cual concluye el investigador, ha ocurrido en cierta medida.