Obligados 11,500 trabajadores a hacer declaración patrimonial en mayo

MORELIA, Mich., 3 de mayo de 2019.- Del primero al 31 de mayo, 11 mil 500 servidores públicos de Michoacán están obligados a presentar su declaración patrimonial y de intereses correspondiente a 2018, o de lo contrario podrían ser sancionados.

Los sujetos obligados, que van desde jefes de departamento hasta el gobernador del estado, y todos aquellos que manejen recursos públicos, deberán de informar a la autoridad si hubo cambios en sus ingresos, y bienes muebles e inmuebles.

“Tienen que hacer su declaración con los ingresos que obtuvieron, aunque sus bienes muebles o inmuebles no hayan cambiado. Pueden tener el mismo coche o casa, pero sí recibieron ingresos y sus cuentas bancarias deben de reflejarlo”, el contralor del estado, Francisco Huergo Maurín.

Por ello, invitó a los servidores públicos a que cumplan con esta obligación ingresando con su clave de acceso al portalwww.declaranet.michoacan.gob.mx, que estará disponible las 24 horas del día para modificar su declaración patrimonial anterior.

Este año se capacitó a 150 enlaces, uno en cada dependencia estatal, con el propósito de asesorar a sus compañeros en el llenado de su declaración. Si aún así persisten dudas, pueden llamar al número 310 86 00 extensiones 253, 257 y 258.

“(Las dudas más comunes) son las cuentas. Si subo mis tarjetas de crédito o solamente mis ingresos, pero hay que subir todo: las tarjetas de nómina y crédito con los saldos al 31 de diciembre. Tienen que tener los estados de cuenta a la mano”, puntualizó Huergo Maurín.

Agregó que si son servidores públicos que perciben más de 400 mil pesos al año, o más de un patrón, deberán de agregar a la declaración patrimonial el formato de entrega al Servicio de Administración Tributaria (SAT), que concluyó el 30 de abril.

Al interior de la declaración patrimonial se encuentra también la de no conflicto de interés, con lo que se culminaría la llamada tres de tres, principalmente si se tiene una empresa o se es socio de algún despacho.

En caso de incumplir con esta obligación o hacerlo de manera tardía, y si el hecho es reiterativo, se puede aplicar una amonestación, una suspensión de tres días sin goce sueldo, o la destitución del cargo.

“En caso de falsear información en la declaración puede ser de uno a 10 años de inhabilitación para trabajar en cualquier servicio público, o inclusive, pudiéramos turnarlo al fiscal anticorrupción”, advirtió.

Para finales de este mismo año, este procedimiento se llevará a cabo para el caso de 120 mil servidores públicos del Gobierno del estado, así como maestros estatales y federales, personal de salud y de seguridad pública, y sindicalizados.