MORELIA, Mich., 19 de noviembre de 2020.- La contratación de los 4 mil 90 millones de pesos de deuda de largo plazo se cerró desde el pasado marzo, cuando se registró en la Unidad de Coordinación de Entidades Federativas (UCEF), que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, afirmó el secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, Carlos Maldonado.

Con ese registro, se validó que el monto de la deuda está dentro del límite total con el que Michoacán podía endeudarse a 20 años y que el procedimiento de adjudicación y contratación fue correcto y en las mejores condiciones posibles.

Con BanBajío, la contratación por 2 mil 45 millones de pesos fue con .42 puntos básicos de tasa, es decir, arriba de Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) y con Banorte con .44, indicó en entrevista telefónica el funcionario estatal.

Paralelamente, inició una convulsión mundial que impactó el mercado de dinero y se encareció el dinero, pero aún así, Banorte respetó el contrato y suministró 2 mil millones de pesos porque 45 millones eran para reserva.

En cambio, a BanBajío le cayó como anillo al dedo la acción de inconstitucionalidad que inició la bancada de Morena ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para no cumplir con el compromiso que hizo porque en el mercado de dinero ya no le convino.

Inclusive, dio a conocer Maldonado que ya se presentó queja contra esa institución bancaria ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la SHyCP porque está en incumplimiento de un compromiso que ya había adquirido.

Maldonado señaló que las sentencias de la Corte no tienen retroactividad en esta materia, pero el Ejecutivo estatal lo que pretende al proponer la reposición del procedimiento con el que se aprobó la contratación de la deuda el año pasado para darle un elemento más a la Corte y pueda pronunciarse conforme a derecho.

Explicó que en la sesión del pleno de la SCJN del 27 de octubre retomó la acción de inconstitucionalidad y el proyecto de sentencia que presentó el ministro José Luis González Alcántara Carranca era totalmente desfavorable porque anulaba incluso la Ley de Ingresos, pero no fue aprobado y el presidente de la Corte instruyó que se elaborara un nuevo proyecto de sentencia, que se presentará la próxima semana.