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MORELIA, Mich., 30 de noviembre de 2025.- El Gobierno de Michoacán proyecta recaudar 5 mil 14 millones 685 mil pesos en 2026 por el Impuesto sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal, conocido como impuesto sobre nómina, una contribución que pagan exclusivamente los patrones cada vez que erogan sueldos, salarios o pagos asimilados bajo subordinación laboral.
La cifra representa un incremento de más de mil 162 millones de pesos respecto a los 3 mil 852 millones 301 mil 540 pesos aprobados para 2025, según la Ley de Ingresos vigente y la iniciativa entregada al Congreso del Estado, pese a que la tasa del 3 por ciento permanece sin cambios.
El impuesto sobre nómina grava directamente a quienes contratan personal: empresas, comercios, instituciones privadas, organizaciones civiles con trabajadores y cualquier patrón que realice pagos por salarios o remuneraciones.
No se descuenta del sueldo del trabajador ni afecta su recibo; es una obligación patronal basada en el total de remuneraciones pagadas, sobre la cual se aplica el 3 por ciento previsto en el Título Segundo, Capítulo VII de la Ley de Hacienda del Estado. Por ello, aun con una tasa fija, la recaudación crece cuando aumentan los salarios, el número de empleados formales o la vigilancia fiscal.
La propuesta de Ley de Ingresos 2026 mantiene íntegro el contenido del Artículo 14 respecto a este impuesto, 3 por ciento; sin embargo, la exposición de motivos refiere una expectativa de crecimiento derivada de fiscalización, ampliación del padrón, incorporación de omisos y recuperación de adeudos.
El documento señala que al 30 de septiembre de 2025 el comportamiento del impuesto mostró un avance del 75 por ciento respecto a lo programado y proyecta un incremento de 21.09 por ciento para 2026, sustentado en estrategias de supervisión y en un dinamismo mayor del sector privado, responsable del 54 por ciento de la recaudación total de este gravamen.
La diferencia entre conservar una tasa invariable y elevar los ingresos por encima de mil millones de pesos tiene un trasfondo político y económico: el Estado no modifica la carga legal, pero sí incrementa la captación mediante mecanismos de cumplimiento y formalización laboral.
Esto refuerza al impuesto sobre nómina como la principal fuente de ingresos propios, pieza clave en la autonomía financiera estatal y en las decisiones que el Congreso deberá discutir en las próximas semanas al analizar el paquete fiscal 2026.




