MORELIA, Mich., 14 de octubre de 2015.- Académicos solicitaron al Senado de la República emprender reformas a la Constitución Política, así como al anteproyecto de Ley Nacional de Ejecución Penal, a fin de modificar o eliminar artículos que criminalizan la pobreza y obstruyen la reinserción social.
Durante la presentación del libro “Vulnerabilidad y Silencio. El Impacto Carcelario en las Familias Penitenciarias”, los especialistas destacaron que, de no establecerse políticas públicas que atiendan la falta de oportunidades para los familiares de los internos, no será posible acabar con el círculo de violencia en el país.
La senadora Angélica de la Peña, quien presidió esta actividad, apuntó que existen avances importantes en el sentido de eliminar términos discriminatorios como “readaptación”, a fin de sustituirlo con reinserción.
Sin embargo, reconoció que en el artículo 18 constitucional se da por hecho que las personas que delinquen lo hacen por falta de recursos o de acceso a educación y/o trabajo, “de ahí la criminalización de la pobreza”.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos dijo que los legisladores tratan la pobreza como una causal en la comisión de delitos “con cierta autoridad, porque conocemos el tema, pero nos falta ver más, porque ciertamente estamos frente a un problema muy complejo”.
“Debemos encontrar la salida correcta para la reinserción social; el Estado debe fijar los caminos para que, al acabar de cumplir su pena, la persona que haya cometido un delito sea reinsertado en la sociedad, esta es la ruta que se siguen las democracias más avanzadas”, enfatizó.
Waldo Fernández González, diputado federal del PRD, anunció por su parte que en la Cámara de Diputados se impulsará una iniciativa para crear políticas púbicas que atiendan las circunstancias que enfrentan las familias de las personas que se encuentran en prisión.
Advirtió que de seguir la tendencia de elevar las penas, sin que se aplique la justicia social a través de políticas públicas, “no se acabará con el círculo vicioso pobreza-violencia” pues en México las penas impuestas a una persona que violenta la ley se extienden a su familia, debido a la imposibilidad de una auténtica reinserción social.
Destacó que, acorde a la investigación publicada, más del 60 por ciento de las familias de las personas encarceladas en Nuevo León, devengan ingresos “ligeramente” mayores a los de pobreza extrema; en tanto que 29 por ciento se encuentran en pobreza, y siete de cada 10 familiares de un interno reportan no recibir ayuda alguna.
El legislador refirió que si bien estas cifras corresponden a Nuevo León, se replican a nivel nacional en cada uno de los centros penitenciarios de las entidades federativas; apuntó que, si bien debe sancionarse cualquier violación a la ley, también es una realidad que padres, hijos, cónyuges y los prisioneros son mexicanos con derechos, igual que el resto de la población.
La autora del libro, investigadora Patricia Liliana Cerda Pérez, sostuvo que existe un “silencio institucional” en torno al problema de las familias de las personas privadas de su libertad, que cancela cualquier oportunidad de un óptimo desarrollo social y económico.
A ello se suman los “oídos sordos” de la sociedad, que por “comodidad colectiva” no aborda el drama que viven estas familias, que también guardan silencio a fin de evitar ser señaladas socialmente y esto cause, por ejemplo, su despido en los centros de trabajo, enfatizó la también galardonada con el Premio Nacional de Periodismo 2014.
Bajo esta perspectiva, lamentó que existan “ocurrencias” de soluciones políticas que dan prioridad a la justicia penal y proponen mayores penas, lo cual sofoca la justicia social; por ello no es posible la reconstrucción del tejido social y poner fin al círculo vicioso de violencia.
Propuso que el Congreso atienda las investigaciones científicas que se realizan sobre la situación penitenciaria en el país y sus repercusiones sociales, a fin de contar con un diagnóstico sobre las reformas necesarias que permitan la efectiva reinserción de los reclusos, como parte de la reconstrucción del tejido social.
En lo anterior coincidió Miguel Sarre Iguíniz, investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM): “Ojalá hubiera la posibilidad en esta Legislatura de emprender la gran reforma al artículo 18, donde se asume que quien delinque, es pobre”.
Explicó que el sesgo discriminatorio en dicho artículo es porque refiere que los internos “necesitarán educación, trabajo, capacitación para trabajo. Entonces el imaginario del Constituyente es que existen carencias; entonces qué ¿los de saco y corbata no podemos delinquir?”.
Indicó también que se debe revisar el anteproyecto de Ley Nacional de Ejecución Penal, donde el artículo 205 va en dirección correcta al señalar que la autoridad penitenciaria, a través de instituciones público-privadas, creará redes de apoyo post penitenciario, a fin de facilitar la reinserción social de los liberados.
“Pero existe un parche en el artículo 9 –acotó– que dice los sentenciados en libertad condicional, tendrán obligaciones: permitir visitas de identificación de sus datos por supervisores de libertad, a fin de verificar que su entorno social permite la reinserción”; esto no debiera quedar así, pues habla de vigilancia a quien ya cumplió su proceso, cuando estos recursos debieran aplicarse a programas sociales, concluyó.
En la presentación participaron José Luis Gabriel Contreras Aguirre y Saskia Niño de Rivera Cover, de la organización Re-inserta, quienes dieron testimonio de las acciones desde la sociedad civil, en apoyo a las personas en proceso de liberación o liberadas, y a sus familias.