Sancionó Previsión Social al 50% de centros de trabajo en 2014

MORELIA, Mich., 6 de marzo de 2015.- De las dos mil inspecciones generadas  por parte de la Dirección del Trabajo y Previsión Social de la Secretaría de Gobierno de Michoacán sobre centros de trabajo en 2014, el 50 por cierto terminaron en sanción y el monto obtenido alcanzó los 3 millones 500 mil pesos.
Así lo informó el titular de la Dirección del Trabajo y Previsión Social, Alejandro Bribiesca Gil, quien indicó que otro 15 por ciento de sanciones, se derivaron de denuncias impuestas por trabajadores limitados de sus garantías laborales.

Además de estas cifras, Alejandro  Bribiesca indicó que se brindaron 9 mil asesorías a quejosos; de las cuales 900 terminaron en demandas hacia sus empresas; cuatro mil 500 llegaron a conciliaciones y acuerdos; mientras que los tres mil 500 restantes quedaron conformes con la asesoría, o su caso no procedía a una sanción patronal.

Asimismo, indicó que en la temporada vacacional pasada, su dirección recibió 450 denuncias por omisión en el pago de aguinaldos.

Describió que las quejas más comunes que se reciben en la dirección a su cargo son sobre despidos injustificados y por falta de prestaciones o de contrato laboral.

En entrevista exclusiva para Quadratín, el titular de la Dirección del Trabajo y Previsión Social señaló que anualmente realizan 2 mil inspecciones en las empresas existentes  en  Michoacán. Y explicó que la dinámica de selección para la inspección es al azar o por denuncias sobre inconsistencias en algún centro de trabajo.

A pesar de que actualmente existen cerca de 12 mil empresas registradas hacendariamente, Alejandro Bribiesca manifestó que el operativo implementado por su dirección trata de cubrir a sus posibilidades la mayor parte del sector empresarial, sin embargo, subrayó que actualmente cuentan con tan solo cuatro oficinas para atender a los 113 municipios que comprenden al estado.

Explicó que el seguimiento de la inspección por denuncia puede manejarse  de manera anónima por seguridad al empleado; mientras que en la queja directa de trabajador a patrón, la identidad del quejoso no puede ser oculta por obvias razones.

Luego de que la autoridad sorprende a una empresa con anomalías sobre el trato en sus trabajadores, esta cuenta con 15 días a partir de la notificación para rectificar, y en caso de que exista omisión se procede a una sanción.

El funcionario estatal indicó que comúnmente las microempresas son las que presentan mayores problemáticas en este sentido, ya que las medianas y grandes  comúnmente cuentan con un sindicato establecido para velar por el cumplimiento de sus derechos laborales.

Sobre este sentido, dijo que otro de los factores que genera violaciones en derechos laborales es la informalidad, al referenciar que a nivel nacional un 58 por ciento de las empresas activas fungen de manera informal, es decir, sin un registro hacendario.

Comúnmente este tipo de negocios suelen omitir prestaciones para sus empleados y  en muchas otras ocasiones estos laboran sin contrato alguno.

Influencia de la Reforma Laboral al respecto

A partir de la implementación de la Reforma Laboral en 2012, las sanciones aumentaron y se individualizaron, por lo que en caso de que una empresa presente anomalías laborales, esta será sancionada por cada trabajador que no opere conforme a lo establecido constitucionalmente.

Además de esto, el salario mínimo impuesto como sanción  no es el correspondiente a Michoacán (el cual es de 66.45 pesos), sino que la multa se establece con el salario mínimo del Distrito Federal que es de 70.10 pesos.

Las multas al sector patronal se dan de la siguiente manera:

En caso de que un trabajador opere sin un contrato, la multa podría ser desde 50 a cinco mil salarios mínimos.

Si existe falta de pago de días de suspensión obligatoria la multa podría ser desde 50  a cinco mil salarios mínimos.

Por falta de pago de horas extras de 50 a 250 salarios mínimos.

A falta de pago de utilidades de 250 a cinco mil salarios mínimos como multa.

Por omisión a pago de vacaciones y prima vacacional de 50 a 250 salarios mínimos.

Y en caso de que el patrón se niegue a ser inspeccionado, la multa sería desde 250 a cinco mil salarios mínimos.

Alejandro Bribiesca Gil señaló que las cifras presentadas en los últimos diez años varían únicamente por ligeras   decenas, por lo que argumentó que las de este 2015 podrían caminar sobre la misma incidencia.