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LÁZARO CÁRDENAS, Mich., 7 de febrero de 2014.- La reforma de la Ley Reglamentaria de Servicios Ferroviarios, aprobada el martes pasado por la Cámara de Diputados, lejos de conseguir bajar las tarifas o generar eficiencias, objetivos que persigue, generaría incremento de precios, mayores tiempos de tránsito e incertidumbre entre los inversionistas. El presidente de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF), José Zozaya, explicó que no se envía un buen mensaje para futuras inversiones en esta u otras industrias, si sale adelante “una reforma que va contra el Estado de Derecho”.
En entrevista que publica hoy T21, Zozaya señaló que son varios los puntos que preocupan al sector, como los derechos de paso, el registro de tarifas, la facilidad con la que se puede retirar la concesión o la exclusividad que menciona el dictamen aprobado en la Cámara de Diputados.
En cuanto a los derechos de paso, el también presidente de la ferroviaria Kansas City Southern de México (KCSM) afirmó que concesionarlos puede crear un problema en la operación ferroviaria y lejos de garantizar el paso de más trenes, se ralentiza la operación y se incrementa el riesgo de accidentes. “En la parte legal, hay un atentado al Estado de Derecho. Las concesiones están vigentes a 50 años, estamos en el 15 o 16, según la empresa concesionaria, y cambiar las reglas del juego manda un mensaje malo a posibles inversionistas en otros sectores”.
Otro aspecto problemático para la industria es el registro de tarifas por adelantado al que obligaría la reforma. Actualmente, las empresas registran la más alta, el denominado TUCE. Para Zozaya, lejos de bajar los precios, esta medida lo que hará, además de obligar a hacer públicos acuerdos entre partes, será inmovilizar tarifas, ya que hay que registrarlas antes de ofrecerlas al cliente y después no se podrán bajar ante una posible negociación con el usuario.
Y pese a que uno de los argumentos que usa también la Cámara de Diputados es que las concesionarias ferroviarias no han construido nuevos kilómetros de vías, el directivo respondió que la concesión no los autoriza a ello. “Lo que hemos hecho y no lo dicen es invertir en nuevos rieles, en durmientes, en infraestructura y equipos. Hoy el sistema mexicano está a la par de eficiencia con Estados Unidos y Canadá, somos pues un sistema que interactúa porque antes el ferrocarril movía el 11 por ciento y hoy es el 27 por ciento de la carga terrestre”, recalcó el ejecutivo.
Es por ello que advirtió que de abrirse los derechos de paso como se quiere hacer habrá encarecimiento de servicios y, al ralentizar las operaciones, aumentará también el costo de la renta de vagones, ya que el tiempo de tránsito será mayor.
Zozaya también se refirió al nuevo esquema de sanciones para retirar la concesión, que baja de cinco a una o dos, dependiendo de la infracción. En una industria donde las inversiones son millonarias, es una medida que desincentiva nuevos proyectos, subraya el directivo, que además advierte que en 15 años de operación ninguna empresa ha sido sancionada, “por lo que no veo la necesidad de mover el esquema actual. Si hubiéramos tenido muchas, estaría de acuerdo”.
“Nos oyeron, pero no nos escucharon”, lamentó el también directivo de Kansas City.
El presidente de la AMF afirmó que tuvieron reuniones con los diputados en los que expusieron la información sobre el sector, que finalmente no se ve reflejada en la reforma de ley. El sector está dando seguimiento a la reforma que será enviada al Senado, para tratar de lograr avances para el sector.
De no ser así, la alternativa, concluyó, sería el recurso legal, incluso un panel en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.