Que renta petrolera siga siendo del Estado, una prioridad

CIUDAD DE MÉXICO, 7 de junio de 2014.- Ante diputados de las comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Energía, el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Miguel Messmacher Linartas, indicó que las iniciativas en materia energética, remitidas por el Ejecutivo federal, aseguran que la renta petrolera siga siendo recibida por el Estado, y que lejos de perderla se incremente.

Mencionó que el actual reto fiscal en el sector energético para los gobiernos federal, estatales y municipales es la caída en la plataforma de producción de crudo en cerca de una tercera parte desde 2004 a la fecha, y “empezamos a percibir una disminución en los ingresos petroleros debido a esta baja”.

Dijo que esta reforma busca resolver “ese gran problema y ese gran reto de mediano plazo que tienen las finanzas públicas por la declinación en la plataforma de la producción de crudo, mediante iniciativas que doten de más mecanismos y permitan detener la caída en la plataforma de producción y revertirla”.

En la reunión a la que también acudió el procurador Fiscal de la Federación, Javier Laynez Potisek, los diputados cuestionaron a los funcionarios sobre los beneficios de las leyes de Ingresos sobre Hidrocarburos y del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.

De igual modo, expresaron su preocupación sobre el destino de los recursos de la renta petrolera y su beneficio para la población; las acciones para evitar prácticas de corrupción y opacidad en el otorgamiento de contratos, y de qué manera estas reformas fortalecerán a Petróleos Mexicanos (Pemex).

Al iniciar la primera ronda de preguntas, el diputado Adolfo Bonilla Gómez (PRI) expresó que la nueva Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos debe proporcionar un marco jurídico que permita un correcto diseño de los reglamentos y los contratos, y que la transición de modelo de una sola empresa, en este caso Pemex, a un entorno competitivo con múltiples empresas, requerirá no sólo de una reglamentación adecuada, sino también de que las diversas agencias cuenten con el personal adecuado.

Por Acción Nacional, el diputado Juan Bueno Torio dijo no estar de acuerdo con la iniciativa pues “se hace un copiado de la Ley de Derechos”, con lo que Pemex no podrá capitalizarse ni ser una empresa productiva del Estado, con condiciones suficientes para enfrentar la competencia. A su vez, su compañero de bancada, Juan Francisco Cáceres de la Fuente preguntó para qué servirán más ingresos fiscales si los ciudadanos no se beneficiarán, sobre todo en zonas petroleras.

El diputado Jhonatan Jardines Fraire (PRD) expresó su inquietud de cómo se garantiza que la renta petrolera se emplee en beneficio del país; cómo evitarán prácticas de corrupción y opacidad en el otorgamiento de contratos y cómo se garantizará la autosuficiencia presupuestaria en caso de que disminuyan los precios internacionales del petróleo, o que las empresas privadas no cumplan las estimaciones de recaudación.

Del PVEM, el diputado Tomás Torres Mercado cuestionó si el crecimiento económico que se espera será adicional al actual, y si se puede aspirar a una mayor inversión y desarrollo económico sin modificar una de las fuentes de financiamiento más importantes.

El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño (Movimiento Ciudadano) preguntó cómo se detonará la economía del país si las pequeñas y medianas empresas –que representan 78 por ciento de la economía nacional y dan empleo a 80 por ciento de la población— no pueden participar en asignaciones o licitaciones.

Por el PT, el diputado Ricardo Cantú Garza dijo que es necesario conocer experiencias de otros países en esta materia. Destacó que la SHCP debe contar con esa información y no basarse en una licitación, sin poner un piso mínimo de ganancia para el Estado y cuidar que la mayor parte de la renta petrolera no quede en manos de corporaciones transnacionales.

La diputada María Sanjuana Cerda Franco (Nueva Alianza) interrogó cómo se determinará el porcentaje de la renta petrolera y cómo se garantizará que en ese proceso las empresas contratistas no se lleven una parte desproporcionada de la misma.

En su respuesta, Messmacher Linartas sostuvo que es necesario impulsar el fortalecimiento de las empresas productivas del Estado, particularmente de Pemex. Aclaró que no se le da un trato distinto a Pemex frente al resto de las empresas del sector, y consideró que todas las asignaciones de contratos deben ser a través de licitaciones públicas y preservar los componentes de transparencia.

Al iniciar la segunda ronda, la diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas (Nueva Alianza) comentó que lo más importante es fortalecer a Pemex en todo este proceso. Señaló que la renta petrolera y los mecanismos para su eficaz captura a favor de la nación, es uno de los temas más importantes, por lo que se debe diseñar un esquema equilibrado que garantice mayores ingresos para el Estado y estimule grandes inversiones al sector de hidrocarburos.

El diputado José Alberto Benavides Castañeda (PT) preguntó si existe un número exacto o al menos un rango sobre las estimaciones de los ingresos que se percibirán del plan de producción establecida en la reforma energética.

Por su parte, el diputado Ricardo Mejía Berdeja (Movimiento Ciudadano) negó que con la extracción de hidrocarburos por particulares se vayan a obtener mayores recursos fiscales y que tampoco habrá más transparencia. Consideró que Hacienda no tiene la capacidad para fiscalizar a las grandes empresas oligopólicas del país, y se manifestó por clarificar cuál será el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) que propiciará la reforma energética.

La diputada Laura Ximena Martel Cantú (PVEM) cuestionó si una vez aprobadas las leyes secundarias, los mexicanos sentirán los beneficios. “No podemos generar ilusiones en el corto plazo cuando sabemos que estas reformas son estructurales y de gran calado y que es imposible que los resultados se den de hoy para mañana”, enfatizó.

A su vez, la diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier (PRD) destacó que con la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos “se le sigue sujetando y exprimiendo a Pemex”, mientras que a las empresas privadas se le otorga un sistema fiscal laxo, y consideró “increíble que se elimine al Congreso de la Unión en las decisiones del sector energético”.

Del PAN, el legislador Glafiro Salinas Mendiola pidió explicar lo referente al pago de pasivos, pues la iniciativa que modifica la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que una vez que se llene el fondo, los excedentes se destinarán al pago de amortización de pasivo, lo cual, indicó, “creo podría derivar en malas interpretaciones”.

La diputada Blanca María Villaseñor Gudiño (PRI) manifestó su preocupación de cómo se va asegurar que el contratista no se lleve toda la renta petrolera, cuando el precio del crudo se establezca en una cifra y ésta se incremente cuando se está produciendo, sobretodo en proyectos petroleros de aguas profundas y someras donde se firma el contrato antes de producir.

En su respuesta, el subsecretario de Ingresos detalló que el objetivo es asegurar que el Estado reciba toda la renta petrolera, ya que en la medida en que aumente la producción se protege la renta, y para ello, dijo, es necesario que las licitaciones y contratos sean abiertos y transmitidos, para que posteriormente se publique contrato por contrato, así como cuáles son los ingresos, los costos, cuánto hay en el Fondo y cuánto va al Presupuesto.

En la tercera ronda, la legisladora María Sanjuana Cerda Franco (Nueva Alianza) preguntó qué medidas implementará la SHCP cuando los particulares o las empresas productivas del Estado que deben pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR), no configuren “su vinculación de residencia y establecimiento permanente” para asegurar que tributen conforme el criterio de “fuente de riqueza”.

Por su parte, el diputado José Alberto Benavides Castañeda (PT) preguntó qué parte de la reforma beneficia a Pemex, luego de que en la iniciativa de Ley de Ingresos de Hidrocarburos se mantiene la misma carga fiscal a la paraestatal, además de que plantea la eliminación del Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura de Pemex.

El legislador Ricardo Mejía Berdeja (Movimiento Ciudadano), indicó que Pemex ingresa al fisco mexicano 80 dólares por barril extraído, por lo que interrogó acerca de cuántos dólares entrarían a las arcas del fisco por cada barril extraído por los particulares.

A su vez, diputado Federico José González Luna Bueno (PVEM) preguntó en cuánto tiempo estima la SHCP consolidar el 3 por ciento del PIB del Fondo Mexicano de Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo para poder liberar los recursos con fines sociales.

El legislador Fernando Cuéllar Reyes (PRD) cuestionó si se fortalecerá a Pemex o si se pretende debilitarlo al establecer que la fuente de ingresos sean los contratos y las licitaciones, luego de que “no hay ninguna descarga fiscal para Pemex, y se mantiene un límite de deducción, 6.50 dólares por barril; en contraste, los contratistas podrán deducir todos los costos”.

Por parte de la bancada del PAN, Margarita Licea González, preguntó por qué no se liberan los precios de la gasolina a partir de que se aprueben las leyes secundarias para que la sociedad se beneficie al pagar menos.

En tanto, el diputado Luis Ricardo Aldana Prieto (PRI) expresó su preocupación por la deuda de Pemex y su pasivo laboral, por lo que cuestionó qué tratamiento se les dará “porque al final del día esa deuda y pasivo laboral, es una deuda pública, no es una deuda de la empresa”.

Al dar respuesta a los cuestionamientos, el procurador Fiscal de la Federación, Javier Laynez Potisek, negó que con estas iniciativas la SHCP tenga control excesivo en las actividades de Pemex en cuanto a las licitaciones y contratos. Recordó que de acuerdo con la reforma constitucional hay una distribución de competencias entre la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

Para las réplicas también participaron los diputados Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (PRI), Ricardo Astudillo Suárez (PVEM), Silvano Blanco Deaquino (PRD), Germán Pacheco Díaz (PAN), Salomón Juan Marcos Issa (PRI) y Mario Alejandro Cuevas Mena (PRD).