Piden reformar Ley Federal de Protección al Consumidor

MORELIA, Mich., 13 de diciembre de 2014.- Para frenar abusos en contra de los consumidores que por falta de dinero compran productos a plazos con la promesa de “abonos chiquitos”, pero que resultan más onerosos y engañosos, el diputado Diego Sinhué Rodríguez Vallejo (PAN) presentó iniciativa para reformar el artículo 66 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

De el secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública apuntó que deben incrementarse los candados para proteger la economía familiar.

Denunció la proliferación de establecimientos comerciales a nivel nacional que ofrecen a la venta sus productos y servicios en un esquema de pago a plazos, con la promesa de entrega, a través de un reducido “enganche” o con pagos periódicos que aparentemente no resultan demasiado gravosos al consumidor, es decir, los conocidos como pagos “chiquitos” que aumentan considerablemente los precios de los bienes.

Apuntó que es un mecanismo que debe vigilarse para que no existan excesos por parte de los vendedores de bienes y servicios, ya que los contratos no especifican los cobros exactos, sobre todo porque “algunos consumidores no son ampliamente informados sobre las consecuencias de sus compras y de un eventual atraso en los pagos”.

Rodríguez Vallejo comentó que en reuniones, los ciudadanos manifiestan constantemente quejas por el manejo de estos contratos, por lo que se requiere modificar el artículo 66 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que regula toda operación a crédito al consumidor.

Propuso que “la información se entregue con anticipación a la celebración del contrato, permitiendo al consumidor un plazo que la Profeco considere suficiente para tomar una decisión informada sobre si conviene a sus intereses realizar o no el contrato”.

Esto garantizará que “la información incluirá el desglose, expresado en cantidades líquidas o corrida financiera, de todos los pagos que realizará el consumidor, incluyendo un simulador de cuáles serían los montos a pagar si el cliente se atrasara en sus pagos en, al menos, tres momentos o circunstancias distintas”.

La iniciativa especifica que “tratándose de consumidores que no cuenten con certificado de educación primaria, el proveedor deberá conservar evidencia en video o audio de que informó las especificaciones del contrato. El incumplimiento otorgará al consumidor el derecho a la devolución de la cantidad pagada”.

En la exposición de motivos, el legislador precisó que aumenta el número de compradores que desean un bien, pero no cuentan con los conocimientos básicos – algunas veces no saben leer ni escribir- para comprender los alcances de los contratos o créditos que firman.

La ciudadanía se queja de que los establecimientos no informan correctamente todas las implicaciones del contrato, ya que les dan a firmar documentos que algunas veces no comprenden, en ocasiones por no contar con educación básica y otras veces porque los convenios indican tasas de intereses o comisiones que ellos ignoran.

Asimismo, se les hacen ver los intereses o las cargas que deben pagar si cumplen correctamente, pero no les aclaran las consecuencias de un eventual retraso; si por alguna circunstancia se atrasan un poco en los pagos, no entienden completamente por qué pagan intereses o comisiones tan elevadas que desconocían.

“Al final descubren que pagaron mucho más dinero por el producto de lo que ellos pensaron. Además, si por algún motivo se ven en dificultades para cubrir alguno o varios pagos, los intereses normales, los moratorios, comisiones u otros cargos que tienen que pagar resultan ruinosos a su economía”.

El diputado por Guanajuato apuntó que debe reconocerse que la sociedad mexicana tiene un nivel medio de educación que algunas veces no le permite comprender con exactitud algunos conceptos relacionados con créditos, tasas de interés, comisiones, entre otros que son comunes en operaciones a crédito.

“Sin embargo, sí es más fácil comprender dichos conceptos si se expresan en cantidades líquidas. Es decir, quizás no comprendamos las implicaciones de obligarnos a tal o cual tasa de interés, pero entendemos mejor si dicha obligación se nos da a conocer en las cantidades exactas que deberemos pagar”, sostuvo.

Destacó la necesidad de conceder un plazo razonable para que el ciudadano que va a adquirir un crédito analice los elementos del mismo y pueda tomar una decisión informada, incluso consultar con otras personas que le puedan explicar, a fin de que su decisión comprenda las consecuencias de no ser puntual en sus pagos.