México destina sólo 6.2% del PIB en salud

MORELIA, Mich., 22 de abril de 2016.- Durante el seminario “Rumbo a la Semana de la Seguridad Social”, expertos urgieron a fortalecer a las instituciones de seguridad social ya que, subrayaron, no ofrecen la cobertura necesaria a la población, ni brindan atención para todas las enfermedades de gasto catastrófico.

Según un comunicado de prensa,  la presidenta de la Comisión de Seguridad Social, diputada Araceli Damián González, advirtió que el Estado ha fallado en lograr la cobertura suficiente que garantice la protección de las personas que, en caso de tenerla, enfrentan diversos problemas para recibir una adecuada atención.

Sostuvo que “mucha gente se queda rezagada”, debido a que no ha podido disfrutar de una vida sana y sin preocupaciones de salud que los agobien.

Destacó la relevancia de este seminario, por la participación de especialistas en seguridad social provenientes de diversos países, quienes trataron temas muy importantes para la sociedad.

Informó que la instancia legislativa a su cargo elaborará un libro con las ponencias de los participantes.

Precisó que se podrá acceder a los contenidos de la reunión a través de la página web de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.

Por su parte, la diputada Beatriz Vélez Nuñez (PRI), secretaria de la comisión y quien moderó el panel “Los Retos de la Salud y la Seguridad Social en México”, aseguró que México mantiene uno de los presupuestos más bajos destinados a salud, con sólo el 6.2 por ciento del PIB; además, subrayó, el mexicano promedio invierte 846 pesos mensuales en este rubro.

“El cuidado de la salud y el bienestar social ha mantenido altibajos que ahora comienzan a ser rebasados por los nuevos índices demográficos y epidemiológicos en el país”, explicó.

Comentó que prevalecen enfermedades y servicios médicos que no son cubiertos por el fondo de protección contra gastos catastróficos, como la hemodiálisis. Consideró que la atención médica universal se ve retrasada por problemas de organización que dificultan su operación real y efectiva, a pesar de que la Constitución la señala.

Lamentó que durante el seminario no se trató el tema de la violencia en contra de los profesionales de la salud, quienes han sido víctimas y “es una situación que se ve en todo el país”.

Corresponde al Legislativo implementar nuevas medidas que respondan de manera efectiva al cuidado de la salud del hombre y la mujer a largo plazo, comentó la legisladora.

Amelia Cohn, investigadora en salud colectiva del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Brasil, explicó que en su nación se maneja un Sistema Único de Salud (SUS), compuesto de dos ramas: el sector público estatal, que se divide en los tres niveles de gobierno, y el privado, al cual se le compran los servicios de salud cuando no se cuenta con infraestructura suficiente para la población.

Resaltó que el SUS tiene como principios la universalidad, equidad e integralidad para garantizar el acceso a los niveles más complejos de salud.

Saúl Franco Agudelo, investigador de la Universidad Santo Tomás de Colombia, consideró positivo que el sector privado participe en los temas de seguridad social y atención a la salud, pero “sin que se le otorgue el control, ni que la ganancia sea el criterio central para la prestación de servicios”.

“¿Debe someterse el derecho a la salud a la sostenibilidad fiscal de los Estados? Todos sabemos que deben garantizarlo”, subrayó.

Carolina Tetelboib Henrio, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco, relató la historia de la seguridad social en Chile, la cual, dijo, en los últimos años se ha enfocado en la atención de los menores de edad.

“No ha habido cambios estructurales en salud y, por el contrario, se han profundizado las condiciones de inferioridad en el sistema de salud, y aunque ha mejorado la regulación entre el sector privado y el público no se incentiva a este último”, expresó.

La investigadora Asa Cristina Laurell, de la misma universidad de la UAM, precisó que en 2015 el 17 por ciento de los mexicanos carecía de un seguro médico, lo que corresponde a 21 millones de mexicano, mientras que en 2014 era el 18 por ciento, además de que no había acceso oportuno para la atención requerida.

“El Seguro Popular tiene un paquete restringido y sólo cubre las llamadas enfermedades de gasto catastrófico”, apuntó.