Más de 7 mil quejas ante Profeco contra empresas inmobiliarias en 2014

MORELIA, Mich., 14 de mayo de 2015.- Frente a los numerosos fraudes inmobiliarios que se han presentado en todo el país, es necesario impulsar una legislación a nivel nacional que regule las operaciones de las empresas que se dedican a la compra y venta de bienes inmuebles, aseguró el diputado federal Roberto Jiménez del Ángel.

En entrevista, el legislador por Nueva Alianza señaló que si bien es cierto que el sector inmobiliario ha crecido durante los últimos años, también es una realidad que cada vez hay más empresas que se aprovechan de la necesidad de los ciudadanos para adquirir un patrimonio familiar y, a veces, terminan por estafarlos.

Tan sólo en el 2014, precisó, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recibió más de 7 mil quejas contra empresas inmobiliarias, sector que ocupa el quinto lugar con mayores demandas ante este organismo.

Además indicó que los principales reclamos son derivados de la negación de las inmobiliarias a devolver los depósitos y no entregar los inmuebles en tiempo y forma.

En este sentido, advirtió que existen múltiples registros sobre fraudes en los que los agentes inmobiliarios venden propiedades y terrenos que no están plenamente certificados y donde los clientes son engañados al firmar contratos falsos.

Entre otras irregularidades, mencionó que es lamentable que haya empresas en las que el personal no cuenta con la preparación suficiente para llevar a cabo su actividad, “situaciones que finalmente generan pérdidas financieras para quienes pretenden adquirir una propiedad”.

Ante este panorama, dijo, urge trabajar en una ley en la materia para que los ciudadanos tengan garantías sobre su patrimonio, para que las empresas constructoras se responsabilicen del trabajo de los agentes inmobiliarios y respondan ante una eventual situación de fraude.

También señaló que es necesario contar con un listado nacional de las empresas de bienes raíces que cumplen con los requerimientos que establece la ley para poder operar y que esté a disposición para consulta de toda la ciudadanía.

Jiménez del Ángel indicó que el artículo 4º de nuestra Constitución establece el derecho a una vivienda digna y decorosa, por lo que es necesario que en la legislación se contemple el derecho de los ciudadanos que busquen adquirir un inmueble, a contar con asesoría jurídica de manera gratuita.

Finalmente, refirió que acuerdo con el documento “Estado actual de la vivienda en México 2011”, elaborado por la Fundación Centro de Investigación y Documentación de la Casa (Cidoc); SHF con el apoyo de Conavi, Sedesol, Infonavit y Fovissste; HIC y BBVA-Bancomer, entre otras, el cambio demográfico en los próximos años se traducirá en un incremento en la demanda de la vivienda.

“Según el estudio, el número de viviendas se incrementará en un 150%, entre 2010 y 2040, pasando de 28.6 a 43.2 millones, por lo que es importante que se regule el mercado inmobiliario, pensando sobre todo en el futuro de los niños de hoy”, concluyo.