Más de 53 millones de mexicanos viven en la pobreza

Por ello, el diputado Ricardo Monreal Ávila (MC) presentó una iniciativa de reformas a la Ley General de Desarrollo Social para establecer una nueva gestión pública que incorpore técnicas y métodos que permitan “no una simple estrategia contra el alivio a la pobreza, sino que, a través del reconocimiento de los desequilibrios y la desigualdad imperante, mejore la noción de desarrollo social”.

En el documento, publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Comisión Permanente, menciona que entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México es uno de los países con mayor riesgo de pobreza y prácticamente duplica el promedio de los integrantes de ese bloque.

Indica que año con año se incrementan los recursos públicos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para la población en condición de extrema pobreza; no obstante, sostuvo, los programas impulsados por el Estado en esta materia “sólo son paliativos”.

Señala que es necesario un Estado de derecho socialmente responsable, justo y equitativo, que garantice los derechos sociales, así como una política social incluyente que asegure una mejor calidad de vida para los mexicanos.

Se logrará, explica, a través de la transparencia en el uso de los recursos, mediante el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas que impacten en los sectores sumergidos en la miseria y el abandono.

En la propuesta, turnada a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, refiere que es necesario incorporar esos conceptos clave en la Ley General de Desarrollo Social, que permitan un mejor diseño e implementación de políticas, mediante un mejor uso de los recursos disponibles y estrategias de focalización.

Indica que la focalización “consiste en dirigir las acciones a una población o territorios definidos para concentrar la atención sobre un determinado problema o necesidad”, y su ausencia puede ampliar las brechas de injusticia y aumentar la inequidad.

Agrega que es un criterio para formular programas que identifiquen a los beneficiarios potenciales, para generar un efecto per cápita mediante transferencias monetarias o la entrega de bienes y servicios.

Destaca la importancia de integrar este concepto en la legislación, ya que México tiene elevados niveles de desigualdad, heterogeneidad y desigualdad, por lo cual la focalización es importante en el diseño de políticas sociales, rumbo a un nuevo modelo de gestión social de calidad.

Propone reformar la fracción VIII del Artículo Primero de la Ley General de Desarrollo Social para agregar en los objetivos de la ley el de establecer mecanismos de evaluación y seguimiento que garanticen el cumplimiento de los programas y acciones de la Política Nacional de Desarrollo Social, y, en el artículo 9, adiciona el concepto referido.