Informal, 67% de la vivienda en México

MORELIA, Mich., 5 de noviembre de 2014.- En México el 67 por ciento de la vivienda es informal, por lo que el principal reto para enfrentar este fenómeno no sólo empieza en la dimensión laboral, sino en el hábitat. Este desafío requiere cambios institucionales inmediatos, para frenar su crecimiento.

La situación anterior está planteada en el Índice de Competitividad Urbana 2014 presentado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), durante una reunión presidida por la diputada María del Rocío Corona Nakamura y la senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, ambas del PRI, en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Juan Pardinas, director general del Imco, y encargado de la presentación del estudio, afirmó que “preocupa mucho la informalidad en la economía nacional, ya que cerca del 59 por ciento de los mexicanos trabajan en ella y el 67 por ciento de la vivienda es informal”.

Ante legisladores federales y locales, precisó que se hace muy poco por frenar los asentamientos irregulares en el país, ya que tres de cada cuatro hectáreas que se incorporan a la mancha urbana lo hacen sin respetar la normatividad que los prohíbe.

Dijo que el único instrumento para tratar de revertir la tendencia de informalidad en la vivienda, es el Programa de Apoyo a los Avecindados en Condiciones de Pobreza Patrimonial para Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares (Pasprah), con resultados y recursos muy limitados, que este año sumaron 237 millones de pesos.

El Pasprah atiende, explicó, a menos del 10 por ciento de la población potencial y está 50 por ciento por debajo de su meta.

Propuso crear una visión estratégica de las ciudades desde el gobierno federal, en coordinación con los estados y municipios, a fin de que el Fondo Metropolitano se utilice en obras prioritarias en cada zona urbana, para que hospitales, centros de estudio y oficinas gubernamentales se edifiquen en zonas céntricas, con lo que se evitarán más gastos en transporte y problemas en la movilidad de las personas.

Asimismo, establecer incentivos para cumplir la normatividad por los tres niveles de gobierno. “Cero tolerancia en nuevas violaciones, porque si no hacemos algo ahora, el índice de vivienda informal se va a disparar en 2 o 3 años al 70 u 80 por ciento”, estimó.

Subrayó que los fondos metropolitanos se proyectan más por criterios financieros que de planeación para resolver problemas urbanos y sociales de los ciudadanos, en obras disociadas entre los estados y municipios.

En su intervención, la diputada Corona Nakamura apuntó que el Índice de Competitividad Urbana 2014 es una herramienta de consulta obligada que ofrece la oportunidad de identificar capacidades diferentes y lograr posibilidades infinitas.

Una investigación amplia y seria, para conocer la situación de temas sensibles del tejido social, político y económico, “refuerza la función y desempeño gubernamental, ya que obliga a cuestionar qué se quiere y cómo lograrlo, eliminando la improvisación en el diseño de las políticas públicas”, destacó.

Sostuvo que la medición de fenómenos es una oportunidad para mejorar los métodos, especialmente en estos tiempos, en donde la preocupación principal de las familias mexicanas son la seguridad, salud, educación y empleo. Propuso valorar los esfuerzos para aprender de errores y aciertos, y hacer cosas distintas. “Lo que no se evalúa se devalúa”, resaltó.

La diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León (PRI), secretaria de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, se pronunció por que las ciudades sean “vivibles y seguras”, a partir de que los ciudadanos “se apropien de los planes” para que los proyectos se lleven a cabo.

Por su parte, la senadora Herrera Anzaldo, presidenta del Grupo Mexicano de Parlamentarios para el Hábitat, destacó la importancia de que “el Presupuesto de Egresos 2015 sea congruente para atender las necesidades de millones de ciudadanos”.

En particular, la movilidad, que exige una visión integral vinculada con la realidad de peatones y medios alternos, ya que, indicó, tres de cada cuatro viajes en las urbes se efectúan en transporte masivo, a pie o bicicletas.

Precisó que uno de los retos en materia legislativa es identificar la forma para obligar a los tres órdenes de gobierno a que se coordinen, porque “hay temas que no puede seguir esperando”, y cómo evaluar el cumplimiento de las responsabilidades en cada uno.