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MORELIA, Mich., 2 de agosto de 2014.- El titular de la Procuraduría Agraria, Cruz López Aguilar en su visita a la capital michoacana anunció que se pretende impulsar mecanismos de conciliación con respaldo del gobierno estatal para dar solución a la problemática que permanece en la Isla de La Palma.
En este sentido, el delegado agrario en Michoacán, José Jorge Campos Murillo precisó que en este caso se mantienen siete juicios y dos amparos interpuestos ante tribunales de los cuales todavía hay que esperar un tiempo para obtener la sentencia final.
Precisó que se tiene registro de 405 hectáreas que han quedado solas y en donde se han ubicado algunas empresas a quienes se les rentó el terreno y donde la Procuraduría General de la República inició un operativo para detectar evasión de impuestos y contrabando de mineral ilegal; por lo que ambas instancias buscarán llegar a la reconciliación en torno a este tema que han permanecido en conflicto desde hace algunos meses.
El Procurador Agrario refirió en este tema que “ustedes saben que en esa problemática de ese lugar, originalmente eran un poquito más de 400 has con algunas cuestiones de la naturaleza se incrementó la superficie a 605 has de acuerdo a la información que me dieron, tenemos algunos antecedentes, hubo una expropiación, en esa expropiación también una reversión, se da cuando el objeto de la expropiación no se cumple y entonces los campesinos regresaron a la superficie, toda esa problemática se tiene que resolver, yo creo que nos va a respaldar el señor Gobernador para establecer un trabajo de conciliación, porque a parte la problemática está complicada porque además hay como unos 7 juicios en esa área y hasta donde yo sé, uno o dos amparos que habían interpuestos, entonces para poder resolver eso, necesitamos que este lógicamente el gobierno del estado, hay que ver si el gobierno municipal y también que haya la voluntad para que todo esto se pueda resolver, no se puede expropiar de nuevo porque ya se expropió, entonces todo lo demás tenemos que resolverlo”, dijo.
Indicó que este conflicto era una tarea que se llevaba como parte de lo que tendría que aportar la Procuraduría Agraria, “necesitamos que el Tribunal Superior Agrario nos ayude a resolver esos juicios, es parte de ese proceso, yo creo que no lo vamos a sacar así de inmediato pero ya tenemos yo creo que de perdida unos 2 o 3 meses desde las primeras ocasiones en que yo estuve viniendo aquí, en que ya hay algún avance aunque la situación no está sencilla”, reconoció.
Agregó que “nosotros vamos a tratar de que ese asunto se vaya resolviendo, por eso, tenemos que hablar con Magistrados, lógicamente yo creo que el mejor sitio donde se puede hacer este trabajo y esta conciliación, estos acuerdos, pues tiene que ser lógicamente en el gobierno del estado”, apuntó.
Por su parte el delegado Agrario en la entidad precisó que “eso está ya prácticamente las 405 hectáreas están solas, solamente algunos de los ejidatarios tienen árboles sembrados y hay algunas empresas ahí a las cuales se les rentó el terreno, inclusive hace poco se hizo un operativo de parte de la PGR para el efecto de detectar evasión de impuestos y contrabando de mineral ilegal, entonces eso lo realizó la PGR quien tiene todos los datos y efectivamente ahorita ante los Tribunales se está dirimiendo la controversia que hay interpuesta de parte de varios comisariados ejidales, unos están en el estado de Guerrero y otros están en el estado de Michoacán, estamos trabajando en forma coordinada, hay manera mediante una reconciliación subirlo al juicio para el efecto de que sea parte de una sentencia ejecutoriada y que no se incurrra en el error anterior de que no se subió a la sentencia ejecutoriada por lo tanto no tuvo validez los arreglos que se hicieron en cuanto a pago de algunos predios”, explicó.
Detalló que de lo que corresponde a Guerrero son alrededor de 500 ejidatarios y de parte de Michoacán aproximadamente 300.
Lo anterior lo señalaron de manera previa a la reunión que sostuvieron con delegados de la Procuraduría Agraria en el Estado de México, Morelos, Guerrero y Michoacán, con quienes se busca establecer una estructura intermedia para resolver conflictos agrarios.