Costo de la corrupción es más grande que el crecimiento económico

MORELIA, Mich., 28 de noviembre de 2015.- El presidente de la comisión del Distrito Federal en el Senado de la República, senador Mario Delgado Carrillo y especialistas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) coincidieron en que las reformas estructurales no se materializarán si no se combate a fondo el problema de la corrupción.

Según un comunicado de prensa, durante la presentación del “Índice de Competitividad Internacional 2015-IMCO: transamos y no avanzamos”, el legislador del Grupo Parlamentario del PRD, aseveró que la corrupción es un elefante en la sala que ya no se puede esconder y está causando que no tengamos un crecimiento económico, que haya mayores índices de inseguridad y de desigualdad.

Delgado Carrillo consideró que uno de los pendientes del Senado es contar con las leyes secundarias para poder aterrizar el Sistema Nacional Anticorrupción, aunque aseveró que en el proceso de construcción de éstas debe prevalecer la lógica de que “no nos podemos equivocar”.

Explicó: casi siempre prevalece una lógica en la que se dice: “Es mejor tener esto que no es perfecto o lo deseable, a no tener nada”, y luego viene el descrédito sobre la ley que no funciona o no nos lleva al resultado esperado.

Añadió que otro gran problema es cómo construir una conciencia distinta, que nos lleve a la mayoría de los mexicanos a generar una indignación sobre los actos de corrupción, y que no prevalezca esta idea de que es parte de la cultura mexicana.

Subrayó que la corrupción daña muchos aspectos de la vida del país, como la economía, la justicia y genera desigualdad. En México, dijo, llevamos muchos años tratando de descubrir por qué no crecemos, por qué sigue aumentando el número de pobres y, por otro lado tenemos ricos que cada vez son más ricos.

A su vez, el director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Juan Pardinas, indicó que los costos económicos oscilan entre el dos y 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), lo que refleja que es más grande que el crecimiento económico.

De acuerdo al informe del IMCO, se calcula que hay 200 millones de pequeños actos de corrupción que van desde la propina para los servicios básicos, como la recolección de basura, hasta casos más graves.
Señaló que el país tiene un andamiaje jurídico que garantiza la disfuncionalidad en las instituciones de justicia: las leyes son vagas y heterogéneas, tienen lagunas, el marco regulatorio son incentivos a la corrupción, los delitos están mal tipificados y los castigos son desiguales.

El paso más importante para que entre en funciones el Sistema Nacional Anticorrupción es la aprobación de la legislación secundaria, para mayo de 2016. Se necesita perseguir redes y no individuos, porque son sistemas y modelos de negocios que están protegidos por estas redes.

En el “3 de 3” dijo que 211 funcionarios han entregado la declaración patrimonial, fiscal y potencial conflicto de interés; asimismo, lo han reportado 100 por ciento de los gobernadores electos en 2015. “Que el espacio público no sea lugar para el crecimiento y desarrollo patrimonial”.

Dijo que en el Índice de Percepción de Corrupción México tiene una calificación igual a países que obtienen un PIB entre dos y 10 veces menores que el nuestro. No es lógico y racional que México esté en este nivel de percepción, dijo.

Mencionó que los altos costos políticos y sociales impactan en la confianza de los ciudadanos en la democracia; el nivel de satisfacción –de 2006 a 2013– ha caído de 41 a 31 por ciento, es decir, estamos a favor de esta forma de gobierno, pero no satisfechos.

“Este tal vez sea probablemente uno de los grandes fracasos o reflejos y frustraciones de la transición democrática: logramos construir estas instituciones que han dejado profundamente insatisfechos a la mayoría de los ciudadanos”, reiteró.

Juan Pardinas detalló que el nivel de desaprobación y que identifica como corruptas a las autoridades de procuración de justicia es del 77 por ciento; a la policía de tránsito, 65 por ciento; a la policía judicial, 68 por ciento; a la policía municipal, 61 por ciento, y jueces y ministerios están por el mismo nivel.

Agregó que el costo de la corrupción en familias de menores ingresos es aproximadamente de 15 por ciento. Si se redujeran los niveles de corrupción tendrían un impacto significativo en el salario de las familias.

Ricardo Corona, del IMCO, comentó que ante la falta de confianza, en este escenario en que la gente piensa que pierde más de lo que gana, en México hay más de tres cuartas parte de pequeñas y medianas empresas que están expuestas a riesgos de corrupción en la constitución de sus negocios.

Comentó que a muchos mexicanos al preguntarles cómo nos gustaría ver el Estado de derecho o la rendición de cuentas, respondieron: “Como la corrupción. ¿Por qué? Porque nos la encontramos por todos lados”.

Hizo énfasis en que todos los temas están asociados, desde el trámite de una licencia o incluso hasta en la fila de las tortillas, aquellos que se forman para vender su lugar; por ello necesitamos, dijo, aprovechar elementos periféricos que hagan que las leyes, normas o reglamentos funcionen, que sean eficientes, que exista la rendición de cuentas y sanciones que se cumplan, pero sobre todo que haya una corresponsabilidad ciudadana.