MORELIA, Mich., 29 de septiembre de 2014. – La Ley General de Contabilidad General contribuye a la transparencia y rendición de cuentas de las autoridades públicas, además de que les genera una serie obligaciones sobre el control y la información de sus operaciones, así lo explicó Alberto Alvarado Laris, presidente del Consejo Directivo del Colegio de Contadores Públicos.
“Por ejemplo antes (de la Ley) no había un control y registro serio en el área de patrimonio de las operaciones que llevaban a cabo sobre la entrega y recepción (de materiales e infraestructura). Ocurría en todos los casos, pero sobre todo en el ámbito municipal”, aseguró Alvarado.
El proceso de implementación de la Ley en Michoacán va lento, pero lo importante es que se está produciendo el cambio de paradigma y forma de operar, según la visión del presidente del Colegio, quien añade que esto requiere tiempo y “en dos o tres años estará funcionando al cien por cien”.
Hay una serie de plazos límite para adaptarse a la nueva Ley que se cumplen entre este año y el próximo. En caso de incumplimiento por omisión u otras circunstancias se estipula una serie de sanciones administrativas para los servidores públicos. Las sanciones son económicas e incluso de privación de libertad. En la Ley, capítulo quinto, establece sanciones de penas corporales cuando un servidor público oculte, sustraiga o altere documentación de operaciones que pueda dar como resultado una irregularidad.
El Colegio de Contadores Públicos cuenta con 300 socios adultos y 90 jóvenes estudiantes de la carrera de Contabilidad.