El cambio de los consejeros del instituto electoral

El Congreso local debió tener lista la reforma electoral constitucional, de acuerdo con la norma jurídica en junio de 2009. Como nadie sanciona a los diputados si incumplen con sus obligaciones legales, decidieron, a propuesta de un partido, el Revolucionario Institucional (PRI) y con el apoyo del Partido Acción Nacional (PAN), rebasar el plazo obligado, en una declaración pública, prometiendo lograr “una reforma integral, de consenso y de vanguardia”, para el estado.Para fines del 2009 ya había propuestas claras de cada partido para la reforma electoral y cuadros comparativos de los puntos en común y las diferencias. Sólo restaba negociar y acordar aquellas cosas que pudieran acercarse y dejar fuera lo que de plano ningún partido viera conveniente incorporar a la ley. De esta manera, si al Congreso realmente le preocupara cumplir su responsabilidad y velar por el bienestar de la sociedad michoacana, se hubieran tenido las modificaciones a la Constitución y al Código Electoral estatales en tiempo y forma.Aún así, por razones de cálculo político, estos partidos, PRI y PAN, llevaron hasta el último momento los cambios a la Constitución de la entidad y al Código Electoral incumpliendo, otra vez, su promesa de hacer, para Michoacán, una “reforma de consenso y de vanguardia”. Cabe recordar que en los cambios electorales de 2001 y de 2007, si bien también el PRI forzó llevarlos hasta el último momento, las modificaciones a la ley, a ambas, la de 2001 y la de 2007, fueron por consenso, es decir por acuerdo unánime de los partidos, incluyendo la integración del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM).En una democracia, ciertamente, no se requiere el consenso, la unanimidad, para hacer cambios a las leyes, pero cuando se tratan de cambios fundamentales a las reglas de la convivencia, como lo es la reforma electoral, es conveniente tener acuerdos avalados por todos los actores políticos y sociales porque eso consolida a las instituciones y da más confianza a la sociedad y a los partidos tanto para participar y utilizar las vías legales para dirimir controversias como para mantener la paz social.Ese consenso logrado en 2001 y 2007, sin duda, permitió darle legitimidad y fortaleza al marco legal, al árbitro electoral y en general a las instituciones que iban a definir los comicios de esos años. Ello permitió que, en lo que va de este siglo, Michoacán no haya tenido conflictos electorales e incluso se hablara, a nivel nacional, de contar con legislaciones de avanzada.Toda esa buena imagen del pasado se ha echado por la borda con la actitud caprichosa del Congreso que ha demostrado su incapacidad para ponerse de acuerdo y peor, ha provocado una confrontación con el Ejecutivo con el objeto de exhibirlo como intransigente. Los diputados del PRI y el PAN, en una actitud sin precedentes y rompiendo sus propios acuerdos, aprobaron por mayoría simple, con 21 diputados de 40, cambios –que no reformas- a la Constitución y al Código Electoral y lo han pasado al Ejecutivo exigiendo que las publique en el Periódico Oficial dos días antes del plazo legal que tenían para hacer modificaciones al marco jurídico electoral.La Constitución prevé que no pueden hacerse cambios sustantivos en la materia 90 días antes del inicio del proceso electoral en el estado y esa fecha se vencía el 17 de febrero, pero además la ley le da 10 días al Ejecutivo para hacer observaciones a los cambios realizados por el Legislativo, en especial en lo que se refiere al Código Electoral –no hay plazo establecido en lo que hace a la reforma constitucional. Obviamente el Ejecutivo no se dejó presionar y no las publicó en el tiempo que se le demandaba, máxime que su partido no fue tomado en cuenta en los cambios legales que impusieron, de último momento, las fracciones de los dos partidos citados.Así, tendremos unos comicios que deberán utilizar tres pistas legales para salvar, en lo posible, el proceso electoral: la Constitución Política de las Estados Unidos Mexicanos, el Código Electoral del estado y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE). Ello requerirá muchos acuerdos que no se ven fáciles sobre todo porque no han mostrado voluntad y capacidad los partidos para ponerse de acuerdo en cosas elementales y por la debilidad del árbitro electoral –serán los tribunales los que tendrán que ir “aplanando” la cancha.Todo este recuento, que ya algunos ciudadanos conocen, viene a cuento para contestar tres preguntas:1) ¿Qué está atrás de la maniobra del PRI y el PAN para tratar de hacer cambios electorales a la desesperada y con tal desaseo?, la respuesta es simple: su intención absurda, por encima de los intereses de la sociedad, de mantener el control del Instituto Electoral de Michoacán (IEM).Cabe recordar que la actual integración del Consejo General está partidizada, no ciudadanizada, y es dominada por el PRI y, en menor medida, por el PAN. La culpa de que la integración del consejo haya quedado así la tiene el propio Partido de la Revolución Democrática (PRD) cuando en la legislatura pasada su coordinadora de bancada, Mary Cruz Campos, cedió todo frente a Jesús Reyna en una negociación claudicante –entregó la presidencia del IEM y la integración del Consejo General, la reducción de Consejeros para tener mayor control sobre ellos e incluso ¡aceptó quitarles la remuneración por su trabajo!, pero esto último fue impedido por la PGR que, como abogado de la Nación, promovió una acción de inconstitucionalidad que perdió el Congreso y tuvo que darse marcha atrás en ese punto.2) ¿Da ventajas controlar al IEM?, sí, en dos sentidos: en la integración de los consejos electorales municipales y distritales y en las mesas directivas de casilla. Sin embargo, esa ventaja puede superarse con la presencia eficaz y total de los representantes de partido en todos los espacios electorales; es decir, representa un mayor esfuerzo logístico y humano pero se puede neutralizar ese handicap y el otro, el más importante, es la aplicación de sanciones. Sólo bastan dos pruebas: estamos a 2011 y todavía no se terminan de aplicar sanciones por las campañas electorales de 2007 y las que se han decidido son ridículas e insuficientes para inhibir conductas ilegales, además de que habría que analizarse a qué partidos se les ha sancionado con mayor frecuencia y a cuáles con menos –un elemento más: acaba de declarar el representante del PRI en el estado que su partido es el único que no ha sido sancionado por el IEM; habría que ver si es por transparencia o por complicidad… y la más importante, debilitar al IEM para que no pueda hacer su tarea de fiscalización sobre los recursos de los partidos.Aunque en la reforma frustrada supuestamente se le daba “autonomía” a esta tarea dentro del IEM, se dejaba en manos de la presidencia la selección de su responsable y no hay voluntad ni presupuesto, dicho por la propia presidenta, para fortalecer esta tarea, a pesar de los riesgos, todos sabemos, de que ingresen, hoy en día, recursos ilegales a las campañas. Ya en la ley actual incluso, como está sin reforma, el IEM tiene facultades de hacer auditorías constantes a los partidos, pero no puede hacerlo porque no tiene infraestructura ni apoyo ni hay voluntad para fortalecer esa responsabilidad del IEM.Y 3), ¿es necesario cambiar al Consejo General del IEM a pesar de la oposición del PRI y el PAN?, la respuesta es sí, no sólo por la debilidad y la falta de legitimidad evidenciada sino porque la ley actual lo obliga y lo obliga para este mes de marzo que se vencen los nombramientos de su presidenta y los consejeros. Ante la imposibilidad de que los arbitrarios cambios legales puedan aplicarse en esta elección, donde el PRI y el PAN reelegían a la presidenta y a los consejeros actuales, alegando una experiencia que nunca acreditaron, es necesario respetar lo que dice el Código vigente.Cualquier ciudadano incluso, si el Congreso vuelve a incumplir su responsabilidad y este mes no decide cambiar a los Consejeros Electorales –incluyendo el Presidente del IEM-, puede reclamar ante el Tribunal Electoral sus derechos políticos para ser convocado a formar parte del Consejo General del IEM cumpliendo con los requisitos de ley y tiene muchas posibilidades de ganar su demanda. El Congreso está ahora obligado a evaluar el desempeño de los consejeros actuales y decidir, con el voto calificado de las dos terceras partes, si los deja o los cambia o los cambia parcialmente, pero no vale una decisión de mayoría simple tal y como quisieron hacerlo antes. Lo importante es devolverle legalidad y legitimidad, a pesar de la fragilidad en la que lo han sumido, al árbitro electoral. Ojalá eso lo entiendan los diputados más allá de sus intereses sectarios. Además de cumplir con la ley, deben pensar en Michoacán, en la sociedad y no es fines particulares.Es tendencioso, por ello, lo declarado a un diario local el diputado del PAN, Francisco Morelos, de que el PRD trata de imponer a un presidente a modo en el IEM y es falso porque hoy ningún partido puede hacerlo solo ni siquiera en alianza con otro; tiene que lograrse por acuerdo, al menos, con diputados de los tres partidos principales ya que se requiere una mayoría calificada y sólo de esa manera puede lograrse. Así ha sido en el pasado, así que tendría que hacerse hoy, si se quiere ir a unas elecciones con certeza, imparcialidad y objetividad. Ya el escenario político es muy complicado en el estado, más lo será con el marco legal que va a aplicarse y peor lo será si no hay confianza y legitimidad en el árbitro electoral. La estabilidad y la paz social se verían amenazadas sin diálogo.Vamos a ver cómo se comporta el Congreso estos días; vamos a ver si realmente les preocupa el estado y la convivencia pacífica; vamos a ver si son democráticos y si realmente saben hacer política de altura o si persisten en sus caprichos, “grillas” y fines aviesos y vuelven a violentar la ley.