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CIUDAD DE MÉXICO, 14 de marzo de 2016.- La moderna Ley General de Víctimas es restrictiva, “es un embudo, un viacrucis”, que en los hechos hace que la reparación del daño sea un proceso lento, el beneficio sólo ha llegado a poco más de un centenar de personas, por lo que urge una reforma a esta norma, que se traduzca en una justicia efectiva para los agraviados de un delito o de violaciones a derechos humanos, para saldar la deuda histórica de desatención que tiene el Estado mexicano en esta materia.
Jaime Rochín del Rincón, comisionado presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), en entrevista con El Universal, admite que la propia ley revictimiza a los ofendidos, porque en lugar de facilitar la reparación del daño el proceso se hace más lento.
Revela que cada año la CEAV recibe a alrededor de 20 mil personas que se dicen víctimas de algún delito o de violaciones a sus garantías por desaparición forzada, secuestro, tráfico de menores o trata. A 26 meses de su creación, el organismo que encabeza sólo ha podido reparar el daño a 114 personas.
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