Tras la disuasión de los bloqueos en Jiquilpan, acuerdan más vigilancia
MORELIA, Mich., 27 de julio de 2015.- A fin de dar un servicio asistencial eficiente y de calidad a los sectores más desprotegidos, es urgente que las autoridades correspondientes revisen el sistema y las condiciones en que laboran los albergues en México, afirmó la diputada federal Lucila Garfias Gutiérrez.
Según un comunicado de prensa, la legisladora de Nueva Alianza condenó los actos de violencia física y psicológica, abusos y malos tratos en este tipo de casas asistenciales, que han sido evidenciados en los medios de comunicación.
Recordó que hace un año, tras el operativo en la casa hogar “La Gran Familia”, en Michoacán, de donde se rescataron a 500 menores que presuntamente vivían en malas condiciones y sufrían maltrato, diversas instancias nacionales e internacionales, incluida la UNICEF, se pronunciaron por realizar un diagnóstico nacional sobre los albergues.
Sin embargo, la diputada por el Estado de México señaló que a la fecha no se ha realizado dicho diagnóstico, por lo que persiste la desinformación y no existen datos exactos de cuántos albergues hay, cuántos niños y adolescentes amparan y cuál es su situación jurídica.
“Es preocupante que a un año del caso del albergue de “Mamá Rosa” no se haya fortalecido la normatividad, reglas de operación y medidas de supervisión de los albergues, esta será una de las tareas a realizar por la siguiente Legislatura, causa con lo que ya está comprometido el Grupo Parlamentario Nueva Alianza”, recalcó Garfias Gutiérrez.
Asimismo, subrayó que es importante asegurar un trato digno y de calidad hacia las personas que tienen la necesidad de alojarse en albergues, así como contemplar castigos severos para quienes den malos tratos y violenten física o psicológica a estos sectores tan vulnerables.
Ejemplo lamentable de lo anterior –dijo- es el que denunció la organización Disability Rights International (DRI), quien dio a conocer que en la Casa Hogar Esperanza para Débiles Mentales, localizada en el Distrito Federal, al menos cinco pacientes fueron abusados sexualmente.
Al respecto, la legisladora aliancista manifestó que “este tipo de situaciones son indignantes y obligan a las autoridades a actuar conforme a derecho, no ser omisas, investigar el caso a fondo y castigar a los responsables”.
Tras lo anterior, insistió en la necesidad del fortaleciendo la Ley en la materia e impulsar mecanismos que contribuyan a proteger y garantizar los derechos humanos de las personas que habitan en estos lugares.
Por ello, pidió no retrasar más la creación del registro nacional de albergues, como lo ha demandado la UNICEF, además de que las autoridades de Desarrollo Social, Salud, el DIF, y Derechos Humanos realicen inspecciones constantes a estos espacios.
Finalmente, Lucila Garfias advirtió que los datos del DIF Nacional, en relación a que en 2013 había 25 mil 700 niños y adolescentes en 922 albergues -805 privados y 117 públicos- registrados, son un indicador importante para dar mayor atención y recursos a estos centros de alojamiento de sectores realmente vulnerables.