Apoyará Araceli Saucedo desde el Senado por fortalecer el sector pecuario
MORELIA, Mich., 21 de abril de 2015.- Durante su intervención en la tribuna de la Cámara de Senadores, la legisladora Iris Vianey Mendoza dio algunas cifras y detalló las bondades del Sistema Nacional Anticorrupción que fue aprobado en la Cámara Alta.
Al respecto a senadora dijo: “Una de las prácticas que más ha dañado a nuestro país a lo largo de los tiempos es sin lugar a dudas la corrupción, pero el mayor problema no es la conducta ilícita de los funcionarios corruptos, el mayor problema es la impunidad, nada más ofensivo para la sociedad que un delito sin castigo, y más grande es la ofensa si se trata de un funcionario público cuyo salario proviene de nuestros impuestos.
“De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), realizada por el INEGI en el último bimestre de 2013, el 88.3% de la población de 18 años y mas, considera que las prácticas de corrupción son “Muy Frecuentes” o “Frecuentes”.
“Además, a partir de la citada encuesta se estima que a nivel nacional, el 89.7% de la población considera que la corrupción es una práctica “Muy Frecuente” y “Frecuente” en las Policías, seguido de los Partidos Políticos y el Ministerio Público con un 84.4% y 78.4% respectivamente.
“El 75.6% de la población de 18 años y más considera que la corrupción en el sector Gobierno Federal es “Muy Frecuente” y “Frecuente”; lo mismo sucede en el 77.2% en el caso de los Gobiernos Estatales y en el 75.8% en el caso de los Gobiernos Municipales.
“Aunado a lo anterior, y como resultado de la misma encuesta, se estima que a nivel nacional, la tasa de la población que tuvo contacto con algún servidor público y tuvo alguna experiencia de corrupción fue de 12,080 por cada 100,000 habitantes.
“Todas las cifras que mencioné están por encima del 75% en un sentido negativo, son preocupantes, los mexicanos estamos cansados de la impunidad, del abuso, de la arbitrariedad; por ello, festejamos que en un esfuerzo por contrarrestar estas prácticas negativas, y lamentablemente comunes, se ha combinado un conjunto de iniciativas de las distintas ideologías pero con un interés común, en el que se creó un dictamen respaldado por la opinión de especialistas en la materia y funcionarios de prestigio, y por supuesto no dejando de observar aspectos del derecho comparado, que terminaron por enriquecer esta propuesta que ahora se discute.
“El Sistema Nacional Anticorrupción se presenta como un órgano colegiado cuyo Comité Coordinador cuenta con una interesante conformación: los titulares de la Auditoría Superior de la Federación; de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno, del titular del organismo garante de la transparencia y la rendición de cuentas, Consejo de la Judicatura Federal y lo más importante, por un representante del Comité de Participación Ciudadana.
“El hecho de que sea colegiado nos ofrece dos ventajas que vale la pena destacar: primero, que la toma de decisiones no recaerá en una sola persona, por lo que las acciones en materia de prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción tendrán que se ser debidamente discutidas, analizadas y enriquecidas por los distintos participantes; y segundo, por la forma de conformación, se busca en la medida de lo posible garantizar la imparcialidad del órgano.
“Señores, si el órgano que se crea se mantiene verdaderamente autónomo e imparcial, entonces será efectivo, y para que sea verdaderamente efectivo, se requiere no solo de la voluntad de sus integrantes, si no de las distintas fuerzas políticas de nuestro país. Funcionarios corruptos siempre va a haber, porque la ética es un asunto de formación, no un asunto regulable, pero nuestras instituciones tienen que ser tan fuertes como para castigar a esos funcionarios a pesar de su posición.
“Pero además, no se trata de tener las sanciones más altas o de procesar al mayor número de funcionarios, se trata de inhibir los actos de corrupción y esto se va a lograr, sólo mediante la efectividad real del Sistema Nacional Anticorrupción, porque si caemos en la simulación (como en la que nos encontramos actualmente) cuando nuestros intereses se vean perjudicados, entonces ningún esfuerzo en estos trabajos habrá valido la pena.
“Adicionalmente y para el mejor funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, se fortalecen las facultades de la Auditoría Superior y se propone un nuevo esquema de responsabilidades administrativas, para poder hacer auditorías de manera oportuna, se robustece su capacidad para analizar la cuenta pública, para formular obsevaciones correspondientes a las entidades fiscalizadas y generar la actuación que competa a otras autoridades en materia de investigación de presuntos ilícitos penales o de fincamiento de responsabilidades por faltas administrativas graves. Un aspecto importantísimo, es que la auditoría podrá auditar irregularidades de ejercicios fiscales anteriores al año fiscal en curso y se amplía el plazo de prescripción por faltas graves de 3 a 7 años, lo que se convierte en otro factor para inhibir la comisión de faltas graves o actos de corrupción, pues cuando un funcionario sienta la seguridad de que durante su gobierno no será investigado, esto podrá suceder una vez que termine sus funciones.
“Por otro lado, la conformación del Nuevo Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como el órgano competente para imponer las sanciones a los servidores públicos por responsabilidades administrativas graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, también es esencial para inhibir los actos de corrupción, este Tribunal como otro órgano colegiado que podrá funcionar en un pleno con dieciséis magistrados, garantizará también un análisis profundo de las distintas situaciones que se presenten y un equilibrio de ideologías sano en la interpretación del derecho.
“Ya para cerrar compañeros, los funcionarios delinquen abiertamente porque no tienen miedo de la ley, porque son muy influyentes, porque con una llamada solucionan su problema; la intención es pues, superar esa situación, si lo logramos, podremos decir con todo certeza que estamos avanzando en el tema de anticorrupción. Esta reforma es una primera y verdadera intención para lograrlo por eso mi voto es a favor y los invito a hacer lo mismo a nombre de México”.