Ataque armado en Uruapan deja un muerto y un herido
MORELIA, Mich., 24 de junio de 2011.- En el marco del programa Cero Tolerancia a la Tala Clandestina y con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Michoacán, inspeccionó cinco aserraderos, de los cuales por las irregularidades encontradas, uno fue clausurado y entre los cinco se les aseguraron mil 169 metros cúbicos de madera de pino y oyamel, pues sus dueños no comprobaron la procedencia legal.El operativo se realizó a Centros de Almacenamiento y Transformación de Materias Primas y Productos Forestales localizados en varios parajes de la comunidad de Caramécuaro, perteneciente al municipio de Tacámbaro. Dentro de las instalaciones de esos establecimientos quedó toda la madera asegurada precautoriamente.Cabe destacar que los propietarios de los aserraderos inspeccionados, cuentan con cinco días hábiles para comprobar la legal procedencia de la madera asegurada. De otra suerte, les será decomisada.Si así lo dictamina la Profepa, para sacar los mil 169 m3 de madera y trasladarla a las instalaciones de la Profepa en Morelia o a cualquiera otro sitio que ésta señale, se requerirán al menos 117 camiones troceros, comúnmente conocidos como rabones.También quedó asegurada precautoriamente la maquinaria existente en el aserradero clausurado, consistente en una torre de aserrío y una sierra circular de péndulo.Los cuatro centros de acopio inspeccionados y no clausurados, cuentan con autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para funcionar como tales. Sus dueños fueron identificados como José María Ochoa Salazar, Ciriaco Villaseñor Piña, Martha Ramírez García y Emigdio Atalo Patiño Jurado.Con acciones como ésta, se refrenda el compromiso de la Profepa y de la Sedena para atender las instrucciones presidenciales de cero tolerancia a la tala y aprovechamiento clandestino de los recursos forestales de México, y se reitera la procuración de justicia ambiental a través del estricto cumplimiento de la ley.