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MORELIA, Mich., 24 de noviembre de 2022.- Por incurrir en hechos que la ley señala como delito, la Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene abierta 418 carpetas de investigación en contra de personas de entre 12 y 17 años con 11 meses, por delitos como robo, lesiones simples y daño en las cosas.
Mario Alberto García Herrera, titular de la Fiscalía de la que depende la Unidad de Justicia Penal para Adolescentes, sostuvo que la ley para personas menores de edad, no es un sistema punitivo, que busque castigar, sino educar y reinsertar.
Porque la educación, orientación, apoyo y generación de un contexto libre de violencias dependen de los adultos, por lo tanto, son responsables o no de forma directa, de las circunstancias en las que se ven involucrados, además de que muchos son coaccionados por otros agentes para participar de ellos.
“La ley permite al adolescente que está en conflicto con la ley penal, tener una ley especializada para que le permita a él integrarse a través de un sistema educativo más que punitivo…”, declaró García Herrera.
Porque mientras algunos ven que los adolescentes se encuentran realizando actividades como narcomenudeo, lo que puede haber detrás son padres omisos en sus cuidados, deserción escolar o que no se le permitió concluir sus estudios.
También suele encontrarse que los parientes directos se encuentran vinculados al crimen organizado, aprovechan que son hijos que sufren desintegración familiar o son cooptados para que participen de la cadena del trasiego de las drogas, secuestro o el sicariato.
En la Unidad, los peritos especializados han detectado que “los menores llegan bien instruidos para no dar información; en algunos casos también son víctimas de trata de personas, porque solo así pueden incorporarlos en temas delictivos”, añadió el Fiscal.
En el caso de Michoacán, el mayor número de los casos son delitos no graves, robo sin violencia, lesiones simples y daño en las cosas, que no necesariamente amerita la privación preventiva justificada, pero eso no significa que no los haya.
En los últimos tres años se ha remitido a prisión a seis personas menores de edad de entre 14 y 17 años, por delitos como homicidio y secuestro, uno en 2020, tres el año pasado y dos en lo que va de 2022. El 80 por ciento son varones y el 20 por ciento mujeres.