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MÉXICO, DF., 1 de octubre de 2014.- Titulares de organismos autónomos coincidieron en que estas instituciones deben fortalecer los mecanismos de transparencia, fiscalización, participación ciudadana y rendición de cuentas ante la sociedad, durante los trabajos de la Semana Nacional de Transparencia 2014, organizada por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).
Agustín Carstens, gobernador del Banco de México; Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE); Eduardo Sojo, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); Gabriel Contreras, comisionado presidente del Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INT), y el senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alejandro Encinas, participaron en la mesa “Transparencia en organismos autónomos”, moderada por el comisionado Joel Salas Suárez.
Agustín Carstens, quien abrió la sesión, habló de la importancia que tiene el que exista un balance, que todo órgano autónomo debe mantener, entre la salvaguarda del principio de máxima publicidad, consagrado en la Constitución, y el cabal cumplimiento del objetivo que ésta le confiere.
En el caso del Banco Central, explicó, cobra especial importancia el efecto, casi inmediato en los mercados financieros y en la economía, que podría ocasionar la revelación inoportuna de información sensible sobre las acciones específicas que la institución pudiera planear hacer en ellos o la divulgación de información anticipada que podría colocar al banco en desventaja al momento de operar en los mercados nacionales o internacionales.
“En esos casos, una transparencia mal entendida o a ultranza, podría frustrar los objetivos que se buscan o, incluso, generar episodios de inestabilidad financiera y económica”, afirmó.
Bajo estos supuestos, sugirió como un imperativo que la ley reglamentaria en transparencia establezca las condiciones y mecanismos idóneos para asegurar el cumplimiento del principio de máxima publicidad, que se impone a todos los sujetos obligados, bajo circunstancias que, a su vez, permitan el correcto ejercicio de las funciones del Estado y el cumplimiento de sus fines, con el más alto respeto al derecho a la vida privada, entre los demás derechos humanos.
Gabriel Oswaldo Contreras Saldívar, comisionado presidente del Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INT), cuestionó, a propósito del proceso de elaboración de la legislación secundaria en transparencia, si deben existir obligaciones diferenciadas en razón de la naturaleza de las instituciones públicas o si las obligaciones deben ser iguales para todos aquellos, en razón de la materia misma, del objeto mismo de la información, que es pública.
Su respuesta fue que él no advierte que deba tratarse de forma diferenciada la información que, de origen, es y debe ser pública, para todas las autoridades.
Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), subrayó que los órganos autónomos, como órganos del Estado, están obligados a transparentar sus procesos decisorios y todo lo que tiene que ver con la gestión administrativa.
En el ámbito electoral, dijo que una institución opaca, es una institución no solamente que transgrede el mandato constitucional en materia de transparencia, sino que incumple obligaciones y pone en riesgo los procesos electorales mismos.
“Es una circunstancia, insisto, que planteo desde lo electoral, pero que evidentemente puede trasladarse desde la lógica de cualquiera de los otros órganos constitucionales, en sus respectivos ámbitos de competencia”, apuntó.
Puso como ejemplo que si el IFAI no cumple con la transparencia, con transparentar sus procesos administrativos, no solamente se pone en riesgo como un órgano que transgrede y que puede ser acusado de transgredir sus obligaciones constitucionales en esta materia, sino que pone riesgo o abre flancos de vulnerabilidad, para el objeto mismo para el cual fue creado.
En su exposición habló de la necesidad de que las instituciones autónomas tengan una vocación pedagógica, es decir, una capacidad explicativa de las razones que subyacen en sus decisiones.
“Una institución que no explica sus procesos, es una institución que no contribuye a una lógica y una política de transparencia”, afirmó, y subrayó que una capacidad pedagógica de un órgano constitucional autónomo, particularmente en materia electoral, es indispensable, no sólo para la construcción de la confianza, sino para la buena llegada a puerto de los procesos y las decisiones que tiene a su cargo.
Eduardo Sojo Garza Aldape, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), propuso que todos los organismos autónomos, deben hacer un compromiso para que la información estadística y geográfica, tenga como característica que sea pública, gratuita, de libre uso, en formatos abiertos.
En su turno, Alejandro Encinas, senador del PRD, dijo que en la actualidad se abre una gran oportunidad para ir avanzando en la integración de instituciones del Estado que gocen de verdadera autonomía y que estén dotados de la fuerza jurídica suficiente para que toda sus resoluciones, además de colegiadas y autónomas, sean vinculantes para la autoridad, en beneficio de la ciudadanía.
“Para ello, la nueva legislación en transparencia debe fortalecer, fundamentalmente, los mecanismos de fiscalización y participación ciudadana, de rendición de cuentas de los órganos autónomos y de las instituciones públicas”, afirmó.
En este sentido comentó que en la elaboración y aprobación de las leyes secundarias en trasparencias se buscará un consenso de origen entre todos los grupos parlamentarios del Congreso de la Unión.
El legislador perredista indicó que no sólo se tomarán en cuenta las propuestas de los grupos parlamentarios, sino todas las que se han presentado: del IFAI, de las organizaciones de la sociedad civil, de especialistas y de todos quienes participaron en el proceso de audiencias públicas para definir a los comisionados del Instituto.