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MORELIA, Mich., 6 de marzo de 2015.- Uno de los objetivos más importantes de la implementación de Nuevo Sistema de Justicia Penal es incrementar la confianza de los ciudadanos en las instituciones, sobre todo en las de seguridad y justicia, afirmó la secretaria técnica del órgano implementador de la Reforma Penal, María de los Ángeles Llanderal Zaragoza.
Entrevistada en el noticiero radiofónico Noticias UM, la ex presidenta del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, dijo que este nuevo sistema surge de la demanda de un cambio en la aplicación de justicia en el país, por lo que una de sus características es ser más transparente, lo que generará más confianza de la sociedad.
“Eso se ha ido viendo en las entidades federativas donde ya se aplica, la gente empieza a recobrar la confianza, por lo que empieza a acudir a la autoridad, esto seguramente lo veremos reflejado en el estado de Michoacán”, acotó.
Asimismo, Llanderal Zaragoza especificó que este sistema es mucho más garantista que el tradicional debido a que si no está debidamente soportada una investigación en elementos científicos u objetivos, un caso podría caerse en un juicio.
“Por lo tanto es muy relevante la investigación científica a la que se refiere ahora la Constitución, lo importante es que la autoridad haga su trabajo correctamente, porque ante cualquier duda razonable, cualquier asunto tiene que declararse inocente a una persona”, resaltó.
Por otro lado, Llanderal Zaragoza externó que en general en todo el sistema de seguridad y justicia se verá el cambio, en la administración de justicia, incluso llegando al sistema de reinserción social, como ejemplo puso a seguridad pública, ya que las policías obtiene más responsabilidad de acuerdo al artículo 21 de la Constitución.
En la procuración de justicia, se estará hablando como punto relevante la investigación científica, el Ministerio Público ya no tiene fe pública.
El Poder Judicial tendrá un proceder totalmente distinto, ya que los jueces en primer lugar no conocerán los casos de inicio, sólo serán notificados que tendrán una audiencia, y conocerán el caso hasta que lleguen al lugar de la misma.
De igual manera, en el sistema de reinserción social al despresurizarse el sistema penitenciario va a haber mayor capacidad y efectividad en los trabajos para una positiva reinserción social, basada en principios ya específicos distintos.
“Es un cambio radical, se habla de que esta reforma es de las más importantes en los últimos tiempos. Vamos a tener algo completamente novedoso y benéfico”, apuntó.
Ya en otro orden de ideas, la licenciada en derecho precisó que han obtenido recursos por el orden de 143 millones 787 mil 827 pesos, los cuales se han aplicado principalmente en capacitación e infraestructura.
La actualización se dividió en conocimiento general del Nuevo Sistema de Justicia Penal, posteriormente se capacitó sobre el Código Nacional de Procedimientos Penales y finalmente se abocó a aprendizaje específica por perfil de los operadores del sistema de justicia penal.
“El siguiente paso fue la capacitación interactuada, interinstitucional con todos los operadores, en base a casos prácticos de principio a fin, desde que se presenta una denuncia o la intervención de un policía o agente de atención temprana, hasta el final que es un juicio oral”.
Las fases enseñanza que se realizaron, por año fueron las siguientes:
2010, se realizó un cursos dirigido a la comunidad jurídica, con la asistencia de 79 personas
2011, capacitación de 360 personas sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal
2012, adiestramiento de 582 operadores, abogados litigantes, estudiantes, comunidad jurídica
2013, se impartieron 49 cursos sobre el NSJP, de los cuales 21 fueron financiados por la Federación y 28 por el estado
2014, se realizaron 57 cursos de capacitación dirigidos a operadores del sistema acusatorio, adversarial y oral.
Cabe mencionar que entre el 2014 y 2015, lo operadores capacitados en las regiones de Morelia y Zitácuaro (primeras dos sedes donde se aplicará la Reforma Penal, en su primera fase) fueron: 461 de la PGJE, de la Secretaría de Seguridad Pública, 372; 51 defensores públicos; 154 del Poder Judicial; 60, entre ministerios públicos, mediadores, conciliadores, policías de investigación y jueces, y 100 representantes sociales, agentes y peritos que acudieron al foro sobre investigación, dando en total mil 198 instruidos, cifra superior al 2013, donde el total fue de mil 438.
Por último, María de los Ángeles Llanderal, informó que se han hecho excepciones en relación con las garantías de las personas cuando se trata de una acusación sobre delincuencia organizada, ya que la ley es más restrictiva en estas cuestiones.