Energías renovables, cada vez más accesibles para el hogar: especialista
MORELIA, Mich., 21 de julio de 2014.- Como una “cortina de humo” o distractor, ha sido utilizado el caso de Mamá Rosa en Michoacán por el gobierno federal para desviar la atención a otros asuntos de relevancia como la discusión de la Reforma Energética en el Congreso de la Unión, así como la problemática internacional que enfrenta México con la migración infantil, consideraron líderes y representantes populares del Partido de la Revolución Democrática en Michoacán.
Para los políticos de oposición en el estado, la magnitud con la que se llevó a cabo la detención de Rosa del Carmen Verduzco e inhabilitación del albergue La Gran Familia, en el municipio de Zamora, llama la atención del resto de los sectores de la sociedad, sobre todo cuando la Procuraduría General de la República (PGR) ha descartado la imputación de delitos al personaje conocido como Mamá Rosa.
Así lo detalló el presidente del Comité Directivo Estatal del PRD en Michoacán, Carlos Torres, quien consideró inexplicable, hasta el momento, que las denuncias previas contra “la señora (Mamá Rosa) no surtirán efecto, además de que no ha habido claridad en la situación jurídica sobre el tema” puntualizó el perredista quien insistió en que deben deslindar las responsabilidades por omisión o acción que deriven del caso.
“Mientras tanto, pudiéramos pensar que el gobierno federal está utilizando a Michoacán, aprovechando las circunstancias en que se encuentra, para distraer la atención internacional” insistió el líder del partido del sol azteca, al recalcar que está en riesgo la credibilidad de las instituciones de seguridad y procuración de justicia.
En el mismo sentido, opinó el diputado de este instituto político en el Congreso local, Elías Ibarra Torres, quien agregó que el caso de Mamá Rosa evidenció las fallas en la aplicación de las políticas de asistencia social del estado y la federación, mismas que en el caso de centenares de niños, estuvieron a cargo de un particular.
El legislador explicó que aunque la atención de casi 700 niños a cargo de una persona, pudiera entenderse como meritoria, la obligación de las autoridades es investigar y deslindar responsabilidades de los delitos que deriven del caso, ya que por muchos años, políticos, instituciones de beneficencia social y organizaciones altruistas “pasaban a saludar a la señora (Mamá Rosa) sin que nadie se diera cuenta”.
No obstante, destacó que el operativo de las fuerzas federales que se implementó, “con el que parecía que iban a detener a un delincuente de alta peligrosidad y no a una señora de 80 años, lo que hace sospechar que el gobierno federal utilizó el caso como distractor”.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Equidad de Género de la 72 legislatura, emanada del PRD, Cristina Portillo, consideró que el operativo en el albergue La Gran Familia “sólo fue una demostración de fuerza del comisionado (Alfredo) Castillo en el estado, pisoteando la Constitución”.
Mientras que por otra parte, agregó que es urgente la reglamentación y aplicación de la ley de atención a la población infantil en Michoacán.