Michoacán, 7° con más ataques a autoridades y líderes políticos

MORELIA, Mich., 25 de abril de 2015.- Es necesario adoptar mecanismos institucionales que permitan la participación ciudadana en la planificación y evaluación de la actuación policial en México, y contar con diagnósticos confiables de la situación general y del desempeño de todas las corporaciones policiales del país.

En el análisis elaborado por la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez “La seguridad en los municipios: los términos del debate actual”, se indica que esos dos elementos podrían servir para orientar las labores de mejora de la seguridad en ese orden de gobierno.

Dicho reporte recoge los argumentos vertidos en el debate público que se ha realizado en el Senado de la República sobre la iniciativa de reforma constitucional, presentada el 1 de diciembre de 2014 por el Presidente la República, la cual propone la creación de policías estatales únicas y la intervención federal por infiltración del crimen organizado en los municipios.

Se destaca que la mayor coincidencia entre los participantes — aun manteniendo posturas encontradas respecto al modelo deseable de mando policial — fue la importancia de establecer mecanismos de participación de la sociedad civil tanto en el diseño de las fuerzas policiacas como en la evaluación de su desempeño.

Asimismo, se menciona que son escasas las instituciones policiales en México que cuentan con mecanismos que permitan la participación ciudadana en la planificación y la evaluación de su desempeño, por lo que es fundamental analizar a mayor profundidad este tema, así como de impulsar su adopción práctica.

En este sentido, se recomienda facilitar la participación de la sociedad y de las instituciones policiales en la planeación, diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas de seguridad y la justicia, establecer protocolos de interlocución entre los ciudadanos y el personal policial, además de protocolos de actuación y operación de los cuerpos de seguridad.

Del mismo modo, llevar a cabo recorridos regulares de los policías por calle, colonia o barrio, a fin de explicar a la ciudadanía sus atribuciones y facultades, proveer datos de contacto del responsable del cuadrante y para conocer las necesidades, fortalezas y oportunidades de las comunidades, zonas, poblaciones y territorios en riesgo de involucrarse en procesos violentos.

Los expertos también recomendaron establecer la obligación para el personal policiaco de involucrarse al menos 12 horas al mes en procesos comunitarios destinados a la recuperación, apropiación y utilización de espacios públicos y la mejora de la calidad de vida de las personas y las comunidades.

Por otro lado, se menciona que las cifras sobre la situación actual de las policías municipales que se señalan en la iniciativa presidencial no pueden ser corroboradas ni contrastadas con otros documentos públicos provenientes de fuentes oficiales, pues no se han publicado diagnósticos gubernamentales sobre las corporaciones policiacas en México.

Se ejemplifica que las estadísticas mencionadas en la propuesta del Presidente de la República no reportan cifras delictivas para todos los municipios del país, pues sólo presenta datos para alrededor de mil 800 de un total de 2 mil 450.

Frente a esta problemática, se subraya, es importante hacer notar que hasta el momento no existe una fuete estadística ni un diagnostico detallado que permita examinar la incidencia delictiva y la situación de la seguridad publica en todos los municipios del país.

Indica que en la iniciativa se menciona que los niveles de confianza obtenidos por las policías municipales son muy similares a los conseguidos por las estatales y judiciales, “todos ellos muy por debajo de los correspondientes al Ejército y a la Marina”

“Si se considera que estos datos son los suficientemente sólidos como para plantear la desaparición de las policías municipales, entonces estas mismas cifras indican la urgente necesidad de plantear la transformación de fondo para las policías estatales, judiciales y ministeriales”, se apunta en el documento.

Es por ello que se propone llevar a cabo un diagnóstico más adecuado sobre la situación de las policías en todo el país antes de proponer el mando único estatal, crear un sistema de información en tiempo real para su monitoreo, seguimiento y evaluación.

Asimismo, generar y divulgar proactivamente información objetiva, veraz, oportuna y completa sobre la seguridad y la justicia, desagregada por población y por territorio.

En el reporte se explica que en las discusiones que se han realizado en el Senado, organizaciones y especialistas señalaron que la iniciativa parte del supuesto de que los gobiernos municipales son los únicos afectados por el crimen organizado, sin tomar en cuenta que éste se ha infiltrado en otros ámbitos de gobierno.

Aunado a ello, se menciona que la guerra contra el narcotráfico es una política federal, pero los gobiernos locales son los más afectados; el municipio se encuentra postrado no solamente ante la industria criminal, sino ante un sistema político-judicial que ha hecho posible que el crimen organizado tenga secuestrada a la política local.

Refiere que la mayoría de los ataques criminales en contra de autoridades y líderes políticos locales se concentra en ocho estados: Tamaulipas, Baja California, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Jalisco, Michoacán y Guerrero.

Por último, se puntualiza que castigar al municipio sin entender las responsabilidades del Estado en su conjunto nos llevaría a minar, más que a construir, un Estado democrático de derecho.