Facultada la Federación para absorber pasivo laboral de Pemex y CFE

MÉXICO,DF ., 25 de julio de 2014.- Las comisiones unidas de Energía y de Presupuesto y Cuenta Pública aprobaron en lo general el dictamen que regula el destino de los recursos que ingresen al Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, derivados de las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos.

Además, prevé la facultad de que el Gobierno federal pueda absorber una proporción del pasivo laboral registrado en Petróleos Mexicanos (Pemex) y en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), como un elemento adicional tendente a fortalecerlas y coadyuvar a su óptimo funcionamiento.

Las comisiones avalaron el dictamen a la iniciativa que envió el Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados, para reformar las leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la General de Deuda Pública, derivada de la legislación secundaria en materia energética.

El dictamen fue aprobado en lo general con 22 votos a favor y 10 en contra por los integrantes de la Comisión de Presupuesto, así como 21 en pro y 7 en contra de los diputados de la de Energía. La discusión en lo particular será en el Pleno, en el cuarto periodo extraordinario de sesiones que inicia este lunes 28 de julio, en San Lázaro.

Previo a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal, expuso que este dictamen busca armonizar las medidas de responsabilidad hacendaria y lineamientos de deuda pública bajo el nuevo esquema planteado para el sector energético, así como delinear los aspectos presupuestales asociados al Fondo Mexicano del Petróleo.

Mencionó que la principal modificación a la iniciativa del Ejecutivo consiste en que el régimen especial en materia de presupuesto y deuda de las empresas productivas del Estado será motivo de las respectivas leyes de Pemex y de la CFE.

Por ello, se eliminó de la propuesta del Ejecutivo el Título Quinto Bis de la Ley Federal de Presupuesto y el artículo 22 Bis de la Ley General de Deuda.

Respecto al destino de los recursos del Fondo Mexicano del Petróleo, se adecuó el cálculo del límite máximo del gasto corriente estructural para excluir de su cálculo el gasto de las empresas productivas del Estado.

Dicho límite máximo, dijo, fue concebido para contener el crecimiento del gasto corriente del Gobierno federal, con el objeto de que mantenga su proporción con respecto al Producto Interno Bruto y, así, mayores ingresos se traduzcan en mayor ahorro y gasto de inversión.

“Si bien es una medida deseable para el Gobierno federal no lo es, al menos en el corto plazo, para las empresas productivas del Estado, ya que se estima que bajo la nueva estructura de mercado éstas buscarán tener mayor flexibilidad para crecer y competir en igualdad de condiciones con las empresas del sector privado”, afirmó.

Treviño Villarreal detalló que el límite máximo al gasto corriente a las empresas productivas del Estado implicaría imponer una medida de control presupuestal adicional a las que plantea la reforma constitucional en su régimen transitorio, es decir, el balance financiero y el techo de gasto de servicios personales.

Precisó que se eliminan fondos que resulten redundantes bajo un enfoque en donde Pemex tendrá mayor flexibilidad presupuestal, así como aquellos cuya función se duplica con la creación del Fondo Mexicano del Petróleo, como es el del Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura de Petróleos Mexicanos (FEIPemex) y el Fondo de Apoyo para la Reestructura de Pensiones (FARP).

Se eleva, continuó, el límite máximo de los Fondos de Estabilización, que resulta indispensable para que éstos puedan ayudar a absorber cambios inesperados de los ingresos del sector público.

Además, para fortalecer el manejo de riegos macroeconómicos en el país es indispensable que los saldos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) y el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestales (FEIP), sean suficientes para enfrentar una caída en la actividad económica de la magnitud de la observada durante la crisis financiera de 2009, expuso.