Exige diputado suplente del PT su inmediata integración al Congreso
URUAPAN, Mich., 22 de mayo de 2015.- De acuerdo al límite establecido por el propio Partido de la Revolución Democrática (PRD) el candidato a la presidencia Municipal de Uruapan, Víctor Manuel Manríquez González ha rebasado el tope legal previsto para los 45 días de campaña, esto incluido la aportación pública y las posibles aportaciones privadas, recordando que en ningún momento la asignación privada puede rebasar a la pública.
En denuncia presentada ante Consejo Distrital Electoral Municipal 14, del IEM en esta ciudad, Jorge Ahuizotl Núñez Aguilar, representante legal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), expuso que violentando el artículo 243 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, hasta el momento se le tiene debidamente acreditados y contabilizadossus gastos de campaña.
Resaltó que la propaganda de dichos candidatos es carente de elementos legales pues esta deberá propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante la ciudadanía de los programas y acciones fijadas por el instituto político que representa así como la plataforma electoral que hubiere registrado, y por el contrario ha saturado de manera desmedida con su imagen en distintos puntos de esta ciudad y en la misma condición se encuentra el candidato a gobernador Silvano Aureoles Conejo.
Núñez Aguilar trascendió que la contaminación visual provocada por dichos candidatos, también ha violentado las normas de ecología nacional e internacionales, “lo vienen haciendo desde tiempos preelectorales”.
Enfatizó que se tienen muy bien ubicados los eventos en que han tenido presencia y la desmedida colocación de espectaculares visuales de su propaganda, la cual se mantiene sin licencia municipal de operación, lo cual poneen riesgo a los propietarios de los inmuebles y la población en general.
“Tenemos pruebas de todo lo expuesto en la denuncia”, mismas que ya han sido presentadas ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), pruebas que se relacionan con todos y cada uno de los hechos controvertidos de la denuncia, en cuanto a autoridad fiscalizadora, vigilante y rectora del proceso electoral vigente, concluyó Núñez Aguilar.