Denuncia Nueva Alianza violación de derechos indígenas

MÉXICO, DF., 6 de septiembre de 2014.- Con el fin de evitar los daños colaterales que traería a las comunidades indígenas la desincorporación pública de la Isla del Rey y la posible construcción de la hidroeléctrica Las Cruces, la diputada Cristina Olvera Barrios exhortó al Secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra Abud  y al gobernador del estado de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, para que instruyan la revisión de las resoluciones emitidas al respecto.

Según un comunicado de prensa, la integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza (GPNA) manifestó su preocupación por la violación de los derechos a la vivienda adecuada, al agua y a los medios de subsistencia, a la cultura y a la educación de los Coras, Huicholes y Wirráikas. Aunado, a que las comunidades indígenas involucradas no fueron consultadas sobre el proyecto.

Olvera Barrios denunció que en el estado de Nayarit, se han violado los preceptos territoriales en las resoluciones emitidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), contando con el aval del gobierno del estado.

La también secretaria de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales precisó que luego de tres meses de litigio entre el Comisionado de Bienes de la comunidad indígena Nueva Villa de San Blas, la Secretaría antes mencionada resolvió desincorporar la zona en que se encuentra la Isla del Rey, del régimen de dominio público para entregarlo a la desarrolladora turística Aramara, SA de CV; lo que representa entregar 354 mil 364 metros cuadrados de terrenos ganados al mar, mismos que integraban el patrimonio de esa comunidad indígena.

La legisladora aliancista advirtió que de las trece hectáreas que los Wirráikas (pueblo originario) señalan como su lugar sagrado, el gobierno del estado vendió diez, aunque es de señalar que ocho son de reserva natural.

De igual manera, Olvera Barrios externó su preocupación ante la posible construcción de la hidroeléctrica Las Cruces, proyecto que de ser aprobado desarrollaría la Comisión Federal de Electricidad sobre el caudal del río San Pedro Mezquital, lo que implica el desalojo forzoso de cientos de habitantes de territorios indígenas, así como la afectación de catorce sitios sagrados de coras y huicholes.