Debaten sobre rectoría de energéticos y áreas naturales protegidas

MORELIA, Mich., 25 de julio de 2014.- Diputados de la Comisión de Energía fijaron sus posicionamientos respecto a la cuarta minuta recibida del Senado de la República, la cual expide las leyes de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, y se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Previa a su aprobación en lo general, con 22 votos a favor y siete en contra, legisladores del PRI, PAN, PVEM y Nueva Alianza se pronunciaron a favor del dictamen porque, señalaron, los órganos reguladores permitirán conservar la rectoría de los energéticos en nuestro país y su objetivo es garantizar que, finalmente, los consumidores se beneficien de la apertura y que ésta no sea indiscriminada.

Además, la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos dará certeza de salvaguardar los 25 millones de áreas naturales protegidas y que ante las amenazas naturales a cualquier apertura económica se asegure que la extracción y explotación de hidrocarburos ocurra en pleno respeto y protección al medio ambiente y en las condiciones de máxima seguridad.

En tanto, diputados del PRD, Movimiento Ciudadano y PT manifestaron su voto en contra al considerar que la creación de la Agencia Nacional tiende a “justificar la explotación de los recursos a través de métodos como la fracturación hidráulica”.

Asimismo, la Ley de los Órganos Reguladores es parte de un entramado privatizador que asegura los negocios del gobierno y las empresas transnacionales y que los órganos que se crean “parecen ser una serie de requisitos para justificar la apertura del sector energético”.

Al fijar su posicionamiento, el diputado Antonio Astiazáran Gutiérrez (PRI) destacó que el paquete de leyes secundarias regirá una nueva realidad en México, que es la competencia en el sector energético. Esa competencia, añadió, tiene que llevarnos a dos cosas: a tener un mejor servicio y a mejores precios en los energéticos.

Por eso, enfatizó, la relevancia en este nuevo marco de competencia, “porque estamos obligados a dar los instrumentos legales que permitan la competencia, pero por otro lado, tenemos la responsabilidad de que el Estado no pierda la rectoría sobre los energéticos”. Con estos órganos reguladores, aseguró, daremos un paso muy importante para ello.

Explicó que con los cambios a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) se les dota de autonomía, ya que de ser órganos desconcentrados de la Secretaría de Energía, ahora pasarán a ser órganos autónomos, con personalidad jurídica y con patrimonio propio, lo que servirá para garantizar la rectoría del Estado sobre los energéticos.

Por su parte, Rubén Camarillo Ortega (PAN) recordó que los órganos reguladores de energía parten de la reforma al artículo 28 de la Constitución y que la apertura de un sector, que históricamente ha sido un monopolio, requiere de un acto de responsabilidad para generar los equilibrios, los contrapesos institucionales y no propiciar un rebote pernicioso que perjudique a los consumidores.

Agregó que el objetivo de los órganos reguladores es garantizar que finalmente los consumidores se beneficien de la apertura y que ésta no sea indiscriminada. Esta reforma alinea todas las herramientas que requieren la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Nacional Reguladora de Energía y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente. De acuerdo con la experiencia internacional, dijo, se requiere de agencias especializadas en sectores tan complejos como el de hidrocarburos, los cuales de ninguna manera duplican funciones con Semarnat o la Profepa, y de ahí la reforma.

Por otro lado, se refirió a la creación del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos y preguntó: “¿de quién son los recursos del subsuelo, de Pemex o de la nación? Son de la nación, no de Pemex”, dijo, y argumentó que de acuerdo a la Constitución, el depositario de esa información es la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y por eso su creación, concluyó.

Claudia Elizabeth Bojórquez Javier (PRD) pidió, a nombre de su grupo parlamentario, conocer el verdadero motivo por el que se da pie a la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente, porque, dijo, da la impresión de que su creación es tendiente a justificar la explotación de nuestros recursos a través de métodos como la fracturación hidráulica o fracking.

Explicó que a la fecha existen otras instancias encargadas de la protección al medio ambiente con las mismas características de la pretendida agencia nacional. Citó por ejemplo que la Semarnat norma todo lo relacionado en esta materia y, por otro lado, está también la Profepa.

Pareciera, ser, dijo, que se quieren duplicar funciones para dar trabajo como funcionarios a militantes de un partido político. Cuestionó si dentro del Ejecutivo, el cual también tendría injerencia, existe alguien que cumpla con un perfil profesional para proteger al medio ambiente y que no violente la Constitución Política.

Por el PVEM, el diputado Ricardo Astudillo Suárez, señaló que los órganos reguladores coordinados en materia energética darán certidumbre no sólo a los mexicanos, sino a los inversionistas en el aspecto técnico, administrativo y financiero en el que se puedan detonar los diversos proyectos, además de que estarán integrados con los mejores expertos en la materia.

Por su parte, explicó, la Comisión Nacional de Hidrocarburos será la encargada de crear el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos, el cual dotará de la más amplia investigación al respecto; en lo referente a la Comisión Reguladora de Energía, dijo, será parte fundamental para el almacenamiento y distribución de hidrocarburos; también se encargará de supervisar los contratos de renta, a fin de dar certeza entre Pemex y distribuidores en calidad y mejores precios.

La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, informó, dará la certeza de salvaguardar los 25 millones de áreas naturales protegidas que hay en México, y buscará que los proyectos del sector sean viables, en armonía con la conservación ecológica, además de equitativos en cuanto a fortalecer la economía del país.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (MC) dijo que la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética es parte de un entramado privatizador que asegura los negocios del gobierno y las empresas transnacionales, cabilderos y grupos de interés.