Aprueban dictámenes para avanzar en implementación del NSJP

MORELIA, Mich., 12 de agosto de 2014.- A fin de evitar una tercer prórroga para la implementación del Sistema de Justicia Penal en la entidad, las comisiones unidas de Justicia y de Seguridad Pública y Protección Civil aprobaron la tarde de este martes el dictamen de segunda lectura de la Ley de Protección de Personas Intervinientes en el Proceso Penal.

Según un comunicado de prensa, los legisladores integrantes de las comisiones aprobaron también por mayoría los dictámenes de primera lectura de la Ley de Supervisión de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso Penal en Michoacán(antes denominada Ley de Servicios Previos al Juicio), así como de la Ley de Protección Civil del Estado de Michoacán.

De acuerdo al diputado Olivio López Mújica, integrante de la comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la 72 Legislatura, con esto se da seguimiento al tema y se evita una nueva prórroga.

El legislador del Grupo Parlamentario del PRI recordó que el lunes pasado estuvieron en Morelia con ese fin, María de los Ángeles Fromow Rangel, secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, y el subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) Felipe Solís Acero.

Con ellos, dijo, se hizo el compromiso de avanzar en estas iniciativas y con ello garantizar el apoyo de la Federación en este tema e ir conjuntando esfuerzos con los Poderes Ejecutivo y Judicial, y así estar en condiciones de implementar el Nuevo Sistema de Justicia Penal en la entidad.

Por su parte, el diputado Eduardo Orihuela Estefan, integrante del Consejo Implementador del Sistema de Justicia Penal en Michoacán, destacó que la propuesta legislativa de Personas Intervinientes en el Proceso Penal busca generar las condiciones para salvaguardar la integridad física de una persona que pueda ser parte de un proceso judicial sin que sufra amenazas o sean violados sus derechos fundamentales.

El legislador del PRI aseveró que con esto, el Congreso de Michoacán trabaja para garantizar a quienes “entran en una ruta de denuncia y de participación” su integridad física, sus condiciones de libertad, no sólo para quien interviene sino, incluso, para sus familiares, su cónyuge o cualquier persona que tenga un vínculo con éste.

Confió en que esto ayudará a fortalecer los procesos judiciales. De acuerdo a Orihuela Estefan, luego de que se estableció una agenda para avanzar en Michoacán en los distintos ordenamientos que tienen que ver con la implementación del nuevo sistema de justicia penal “y que no haya ninguna prórroga, el Congreso tendrá que trabajar de manera eficiente, de forma continua, permanente, profesional, a fin de garantizar a los michoacanos que tendremos listos los ordenamientos para la entrada en vigor en marzo”.

De acuerdo a lo aprobado por la Legislatura, la primera etapa de la implementación deberá ser el 7 de marzo del 2015 en las regiones de Morelia y Zitácuaro; lo anterior en conmemoración del bicentenario de la instalación del Primer Tribunal de Justicia de la América Mexicana en Ario de Rosales.

A la fecha, y a partir del inicio del proceso de implementación del NSJP en la entidad se han aprobado ocho leyes así como una reforma a la Constitución Política del Estado de Michoacán; en proceso de aprobación por parte de la 72 Legislatura se encuentran cuatro iniciativas de Ley, entre éstas las Orgánicas del Poder Judicial del Estado y de la Procuraduría de Justicia, el Código Penal, la Ley para la Atención y Protección de Victimas y Ofendidos del Delito.

En tanto que en la reunión de comisiones unidas de este martes, en la que estuvieron presentes los legisladores José Bertín Cornejo Martínez, Selene Vázquez Alatorre, Cristina Portillo Ayala, María Eugenia Méndez Dávalos y César Morales Gaytán, fueron aprobadas las iniciativas ya referidas, quedando pendientes de ser presentadas al Congreso del Estado algunas más, entre éstas las iniciativas de Ley de Bienes Asegurados y Decomisados, y la de Seguridad Pública del Estado de Michoacán.