Sobremesa

Nos creen muy tontos

La investigación de Carmen Aristegui sobre la Casa Blanca de la pareja presidencial se dio en un ambiente generalizado de repudio hacia el gobierno federal por su evidente y total incapacidad para resolver el caso de Ayotzinapa. La explicación que la esposa de Peña Nieto dio a través de un video difundido por Televisa con un tono que buscaba aparentar su malestar y enojo, no tan sólo no dejó satisfecho a nadie, sino que generó muchas más y mayores sospechas sobre el probable acto de corrupción que estaría detrás de la adquisición de ese inmueble, hecho que evidentemente se pretende ocultar desde la Presidencia de la República, obviamente con la complicidad del emporio televisivo más influyente y poderoso del País, sin embargo nadie ha creído esa versión hecha pública por la señora Rivera, simple y sencillamente porque nadie puede concebir que la empresa de Azcárraga haya pagado tanto dinero a la actriz por el trabajo que ahí desarrolló.

Y todo se viene abajo cuando se conoce que la propiedad ubicada en Las Lomas de Chapultepec estaba escriturada a nombre de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, empresa de Juan Armando Hinojosa Cantú, accionista mayoritario del Grupo Higa, corporativo que en menos de dos años de gobierno federal de Peña Nieto ha sumado 22 mil mdp en contratos de obra; además durante el período de este como gobernador del Estado de México la empresa obtuvo contratos por más de 35 mil mdp. Esta gran coincidencia de que la esposa del Presidente le compró el inmueble precisamente a la empresa constructora predilecta de Peña Nieto lo único que deja al descubierto es que detrás de todo esto hay algo muy grave queriéndose ocultar.

En su videodeclaración televisada el martes 18 de noviembre, la primera dama anunció que vendería los derechos de esa propiedad, destino que parece inapropiado para un bien que supuestamente fue adquirido de manera legal y legítima, lo que viene a fortalecer la hipótesis de que desde la Presidencia podrían estarse llevando a cabo graves actos de corrupción o por lo menos tráfico de influencias y conflicto de interés, elementos suficientes como para que la Secretaría de la Función Pública lleve a cabo las investigaciones del caso a fin de que los mexicanos tengamos la certeza de que no tenemos como Jefe del Ejecutivo Federal a una persona deshonesta o que protege a quienes cometen actos de corrupción.

Todo mexicano tiene derecho a trabajar y ganar dinero suficiente y con ello adquirir una o las propiedades que quiera y pueda en función de los ingresos obtenidos legal y legítimamente, pero es necesario comprobarlo fehacientemente y más cuando se trata de funcionarios públicos o de sus familiares, de lo contrario podría pensarse que aquellas adquisiciones son producto de la corrupción. No le correspondía a la señora Rivera dar ninguna explicación ya que ella no fue electa por la ciudadanía, el que debió haberlo registrado en su declaración patrimonial conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos era el Presidente, por lo tanto no tan sólo no aclaró el caso sino que dejó más dudas entre la ciudadanía. El escándalo de la Casa Blanca tiene que ser investigado hasta sus últimas consecuencias si en verdad vivimos en un País en donde se aplica la ley sin ningún distingo, de lo contrario estaremos ante un probable acto más de corrupción e impunidad, solo que ahora estaría alcanzando a la Presidencia de la República, lo cual sería verdaderamente grave.