Sobremesa

Los graves hechos ocurridos hace una semanas en Guerrero han dado lugar a que varios políticos, comunicadores, analistas, etc., hablen de la necesaria renuncia o solicitud de licencia del gobernador Ángel Aguirre, bajo el argumento de que ?cómo pudieron haber asesinado a seis y desaparecido a más de cuarenta personas, sin que el gobierno del estado hiciera algo para prevenirlo y evitarlo como es su obligación.?. Coincido con la propuesta de que el gobernador debe dejar el cargo de inmediato, aunque estoy convencido que la llegada de cualquier otro no resolverá el problema de la violencia que vive esa entidad, si no se implementa un plan radical a nivel nacional que ataque el problema de la inseguridad, la corrupción y la impunidad desde su raíz, males que desgraciadamente también están azotando a muchos otros estados de la República.

Por supuesto que por la más elemental ética política debe dejar el cargo Aguirre, aunque este no tenga directamente una responsabilidad penal, lo cual no lo exime de su responsabilidad como servidor público, ya que los funcionarios públicos están obligados a implementar todas las medidas indispensables para proteger a las personas y evitar que ocurran tragedias como la de Iguala, ¿O que acaso no es obligación del Estado Mexicano, en sus distintas instituciones y niveles de gobierno, garantizar la integridad y seguridad de los ciudadanos?, por supuesto que sí, y si eso no se garantiza, entonces todos aquellos gobernantes que incumplan tal responsabilidad deben irse.

Por desgracia esta premisa no se cumple en nuestro país, como ocurre en cualquier país moderno, democrático, en los que existe un escrupuloso respeto por la ley, países que cuentan con gobernantes y políticos con un comportamiento realmente ético, quienes cuando cometen la más mínima falla, de manera inmediata, sin que se lo demanden los ciudadanos, estos se separan de sus cargos, incluso, muchos de ellos hasta perdón piden públicamente por haber abusado de la confianza de los ciudadanos e inmediatamente se someten a lo que dicta la ley. Mientras que en México, cuando ocurren desgracias en la que sin duda hay una responsabilidad de los funcionarios públicos, estos siempre se resisten a renunciar y lo peor es que buscan inculpar a otros. Es así como en nuestro país se han hecho famosos los “chivos expiatorios”, quienes van a la cárcel en lugar de los verdaderos culpables.

Si nuestra clase política tuviera la más mínima ética, hubiese renunciado Díaz Ordaz después de la matanza de Tlatelolco ocurrida el 2 de octubre de 1968, hubiese renunciado Luis Echeverría por la matanza del jueves de Corpus el 10 de junio de 1971, hubiese renunciado Ernesto Zedillo por la matanza de Acteal, Chiapas ocurrida el 22 de diciembre de 1997, hubiese renunciado Enrique Peña Nieto o por lo menos el Secretario de la Defensa Nacional por la matanza de Tlatlaya, Estado de México, ocurrida el 30 de junio pasado. Pudiésemos seguir enumerando muchas más tragedias que han ocurrido en nuestra historia a lo largo y ancho del país, y salvo en muy contadas excepciones y como consecuencia de la gran presión social, es que algunos gobernantes han tenido que renunciar, por supuesto que en ningún caso se ha tratado de la renuncia de un Presidente de la República.

         Es lamentable que en México sigan ocurriendo hechos que avergonzarían a cualquier funcionario público de cualquier país del mundo, aquí ante la tragedia no pasa nada, aquí nadie renuncia independientemente del número de muertos, aquí lo que ocurrió,-según nuestros gobernantes-, fue por cualquier causa menos por la omisión o por la responsabilidad de estos. Ésta es, la triste y repugnante realidad en la que vivimos los mexicanos.
@tonosotosanchez.