Contribuciones para desarrollo con bienestar
MORELIA, Mich., 5 de septiembre de 2014. – La Ley federal antilavado está en aplicación desde el año pasado, sin embargo, Ramón Ignacio Cabrera León, magistrado del Tribunal Fiscal de Justicia Federal y Administrativo, consideró que en este momento la prioridad consiste en la difusión de la Ley “para concientizar a actores económicos de la necesidad del cumplimiento, restarle el miedo al cumplimiento, no implica cargas adicionales y sobre todo procura cuidar la seguridad del ciudadano particular en el momento en el que está dando el aviso ante las autoridades”.
La Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, es la encargada de trabajar en función de esta ley. Según el balance hasta ahora de Cabrera, como consecuencia de la aprobación y aplicación de la Ley “ya se están investigando casos específicos de lavado de dinero que anteriormente no se veían”.
En el Tercer Congreso de Turismo el magistrado abordó este asunto por la mañana de este viernes, lo cual demuestra según sus palabras “el interés por traer esta información a los estudiantes y empresarios del sector en un esfuerzo que rebasa la parte institucional y permea en la conciencia de otras autoridades la necesidad de tener estos conocimientos a la mano con el fin de contribuir en el fortalecimiento de la industria turística”.
En cuanto a vulnerabilidad del sector desarrollos inmobiliarios, arrendamientos de aeronaves, de vehículos, en ciertos comercios vinculados a la actividad turística como joyerías o tiendas de obras de arte, especificó el magistrado. En general cualquier actividad legal es vulnerable si se encuentra dentro del catálogo legal. Las investigaciones específicas por su naturaleza están protegidas por el sigilo de ley de protección y código penal.