Piedra angular/Tras la salida del comisionado Castillo

Con tantos frentes abiertos en tantos temas, al Gobierno de la República no le convenía mantener indefinidamente la figura de un Comisionado especial en Michoacán. Pero a partir de ahora, la gran duda es saber si será reforzada la estrategia federal de rescate de la entidad, o si se va a dejar al garete y a su propia suerte a un estado como el nuestro, cuya problemática podría convertirse en un veneno nacional.

La presión mediática y política que propició la salida del Comisionado Castillo, atrincherada en la férula de sus propios y no muy legítimos intereses, hace años dejó de ver el interés y el bien superior del estado, para convertir su propio interés y su propio bien en valores preeminentes de su actuación pública.

Quizá la lectura más consistente sobre la salida de Alfredo Castillo de Michoacán, sea esta: las formas de autogobierno que se han alentado por décadas en la entidad (el gavillerismo sindical, social y político); los grupos de presión, de interés y de poder (el parasitismo transexenal) y, desde luego, la delincuencia orgánica adueñada de la respiración del estado en la última década, terminaron saliéndose con la suya frente a un gobierno federal que quiso –y en parte pudo- poner control y orden donde no los había.

Dos contabilidades definen, según criterio de elemental justicia, el paso del Comisionado Castillo por Michoacán: la de lo que hizo bien y la de lo que hizo mal, entendiendo por bueno lo que contribuyó a neutralizar y a limpiar de “crápulas” y “lacras” a la entidad, y por negativo el conjunto de decisiones erróneas o equivocadas que terminaron por hacer de Tierra Caliente una tierra más caliente aún.

Los problemas de creación y manufactura propiamente michoacana, que Castillo Cervantes recibió la encomienda de atender, encausar y resolver, en parte fueron tarea acabada y en parte aspiración inconclusa.

En la primera contabilidad figuran la desmovilización y desarme de más de 50 grupos de autodefensa, la recuperación de territorios, la desarticulación de cárteles y bandas criminales, el abatimiento de capos y mafiosos, el restablecimiento del régimen constitucional en grandes regiones del estado, la capacitación y certificación de policías, la depuración de mandos de seguridad estatales y municipales, la aprehensión de autoridades y políticos corruptos, la restitución de la legalidad en municipios infiltrados por estructuras criminales, la reactivación de programas sociales y económicos y el despliegue de obras de alto impacto, son logros y realizaciones que deben reconocerse a la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán. Todo esto demuestra, entre otras cosas, que Castillo no vino a Michoacán a hacer castillos en el aire.

En la segunda contabilidad figuran la detención injusta de ciertos integrantes de grupos de autodefensa (no es Mireles Valverde el caso), la complacencia hacia delincuentes conversos que no eran de fiar, la cercanía peligrosa a Luis Antonio Torres ( a) Simón el Americano, el pacto de no-agresión entre Buenavista Tomatlán y La Ruana que terminó desbordándolo, la valoración jurídica sesgada del caso de Hipólito Mora, la incursión y “redada” del martes 6 de enero al poblado y ayuntamiento de Apatzingán y, desde luego, el haberse quedado corto en la detención de conocidos delincuentes financieros, son algunos de los grandes errores que deben acreditarse a la Comisión que vino a “desfacer entuertos” a la entidad.

Probablemente, el Gobierno de la República hizo bien en retirar de Michoacán al Comisionado Castillo, o quizás no. Lo que sí se sabe, desde la fría perspectiva de los hechos, es que su presencia fue un parteaguas que dividió nuestra historia reciente en un antes y un después.

A partir de ahora, puede ser que Michoacán empeore, o puede que no.