Panóptico

El estallido social en el municipio de Ciudad Hidalgo es la muestra más contundente del hartazgo hacia unos cuerpos de seguridad  municipales y estatales  cuyos excesos no tienen freno y cada vez son más constantes en el Oriente de Michoacán.

La afirmación anterior no es producto de un arrebato emocional, tiene como soporte, sobre todo, las estadísticas que día a día levanta la CEDH en dicha región, a través de la Visitaduría del organismo en Zitácuaro.

De las 246 quejas levantadas ante dicha instancia a lo largo del presenté año, casi la mitad (122) fueron contra los uniformados de 18 municipios de la región, la PGJE y la SSP de Michoacán.

Detenciones ilegales, lesiones, abuso de autoridad, ineficiente prestación de la función pública han sido los señalamientos que han formulado los inconformes con la actuación de los elementos de dichas corporaciones.

En esa numeralia, sin embargo, no están registradas decenas de casos en que pobladores de las zonas rurales y urbanas de municipios de mediano tamaño, como Zitácuaro, Hidalgo y Maravatío, han sido víctimas de los excesos y abusos policiales.

Hace un par de semanas, en un bloqueo que protagonizaron decenas de habitantes  de la comunidad de Crescencio Morales en la carretera Toluca-Zitácuaro, un grito de inconformidad prevaleció durante unos minutos: los policías municipales y estatales parecen más nuestros enemigos que nuestros servidores.

Otras expresiones similares salieron de miembros del transporte público de la zona en otro bloqueo carretero entre las tenencias de Curungueo y San Felipe de los Alzati.

Esos prestadores de servicios se quejaban de la indolencia, prepotencia con las cuales los elementos de la delegación de tránsito estatal, a petición de la Cocotra, realizaban operativos para verificar si las unidades estaban en regla.

El Mando Policial Unificado todavía no demuestra sus bondades en esta región, e incluso, como  lo reseño en este mismo medio hace unos días nuestro compañero Leovigildo González, genera más incertidumbre que confianza entre la población.

La SSP y la PGJE tendrán que reorientar la estrategia, porque de continuar los excesos y abusos policiales la revuelta de Ciudad Hidalgo se replicará en otros lugares.

De nada servirá el despliegue de centenares de miembros de las policías municipales de la región y de las fuerzas ciudadanas.

En lugar de ello,hay que investigar a fondo y entregar a la opinión pública dichos resultados,  porque en un amplio sector de la población de Ciudad Hidalgo existe la seguridad de que los tres jóvenes fueron prácticamente masacrados por unos policías  sin ninguna capacidad para desempeñar actividades de seguridad pública.

Es más, comienza a amplificarse la idea de que los policías buscaron enmascarar su mortal acción diciendo que fueron agredidos con un arma por los hoy adolescentes fallecidos.

Si las autoridades que procuran e imparten justicia en Michoacán quieren salir del precipicio, tendrán que ser transparentes y serias en sus pesquisas y sancionar a los responsables como marca le ley.

Tiene razón la Visitaduría Regional en Zitácuaro de la CEDH en precisar a este espacio que hasta no concluir las investigaciones, no puede acusarse a nadie y mucho menos determinar el castigo que debe aplicarse a los uniformados consignados.