La opción
Hoy el sistema educativo estatal está inmerso en un enorme vacío institucional y ante el arribo de funcionarios nuevos a la SEE se exhiben irregularidades existentes. Con una velocidad inusitada se proponen medidas a tomarse para corregir las anomalías. Justo ahí es donde la neblina hace presencia, pudiéndose generar efectos colaterales de mayor toxicidad que los fenómenos que se planteaban originalmente combatir.
No necesariamente corregir lo ilegal implica mejorar el rumbo, si es quelo indebido esconsecuencia del incumplimiento de normas injustas o arbitrarias.Redimir lo justamente tachable aparenta ser un avance, pero puede ser un retroceso aún mayor si esto se simula obedeciendo reglamentos torcidos,beneficiando a grupos de interés plenamente identificados.
El subsecretario de educación básica señala que ha encontrado una serie de irregularidades quedeben de corregirse a la brevedad, en donde barrunta regularizar ipso facto a los trabajadores eventuales de la SEE y pagarles unos supuestos adeudos que datan de años. Las preguntas surgen: ¿por qué contratar eventuales justo en un estado donde no se requieren más maestros, principalmente en educación básica? Tenemos un promedio de 17 alumnos por profesor de primaria, ¿por qué regularizarles con tanta prisa? Más aún, ¿a qué tribu o facción sindical pertenecen?, ¿quién les contrató y con base en qué méritos?, ¿realmente devengaron su salario?, ¿en qué plantel están adscritos? Hasta ahora son preguntas sin respuesta.Probablemente entre las víctimas delimpago a trabajadores eventuales se camuflen agitadores sociales que fueron contratados en una nada inocente leva sindical.
Causalmente, los señalamientos tienen memoria selectiva,ya que todas datan del 15 de febrero de 2012 a la fecha, evitando transgredir la muralla temporal y fijar la mirada en la administración pasada.
Se concuerda en que hay incontables irregularidades que datan de décadas atrás, pero no es carente de intencionalidad ideológica ni de interés gremial la urgencia por remediar tales circunstancias, ya que en la supuesta solución podrían generarse incentivos perversos, ya que no nos encontramos ante perfiles gubernamentales políticamente neutros, máxime que se otorgaron nombramientos a funcionarios cuya biografía en absoluto comunica imparcialidad, ello en aras de un supuesto equilibrio de fuerzas al interior de la SEE.
¿Hasta qué punto conviene institucionalizar a actores que han recorrido cínicamente todo el espectro de la movilización de bases? Se sabe que han buscadohasta el cansancio en el discurso el derrocamiento del sistema político actual, declarado varias veces paro indefinido educativo nacional, han bloqueado miles de veces avenidas, carreteras y escuelas, pero también cuando les conviene simulan desmovilización, cooptación e institucionalización, siendo que a todos los michoacanos nos consta que la CNTE no tiene palabra de honor. ¿Por qué acordar de esta manera y comprometer tanto a la educación pública?
Si bien necesita normalización el sector educativo estatal, se requiere previamente asegurar que las reglas sean justas, que el árbitro sea imparcial y que la ruta meritocrática sea inatacable, es decir, que todo aquel que por su propio derecho, perfil, experiencia y capacidades demuestre ser el mejor trabajador de la educación. ¿Por qué razón no hay concurso de oposición para contratos eventuales?
Ante tal situación, se le debe de exigir a la autoridad educativaactuar con pies de plomo y brindar información cabal a la sociedad civil respecto a las medidas a tomar, así como realizar un análisis de redes sindicales, políticas y gubernamentales de beneficiarios y perjudicados, ya que de esta manera se transparentará silas acciones abonarán en pro de la regularidad normativa y del desarrollo educativo estatal, o si simplemente se intenta legitimar la balanza que se torció cuando la DCED y la CNTE se disputaron el control de la SEE con resultados trágicos, y que desde entonces nadie ha podido revertir el paralelismo de claves docentes y de personal de apoyo autorizadas en aquellas épocas.
Asimismo, los estímulos a la jubilación deben servir para que los trabajadores de la educación tengan un retiro más decoroso, para que las plazas sean ocupadas por una nueva generación, y principalmente, para que éstas se les otorguen a los mejores profesionales de la educación disponibles en la entidad o en la nación. En caso de que las plazas no sean concursadas transparentemente, solamente estarán otorgándose recursos públicos a generar un botín que habrá de repartirse por las sempiternas redes de tráfico de plazas.
Por supuesto, la Contraloría debe redoblar esfuerzos ante inminentes irregularidades en aras de “bajar el conflicto”; a costa de saquear a la SEE y de establecer mecanismos para perpetuar el boquete financiero y la prevalencia de alguna expresión sindical, lo cual sería un acto incalificable y escarnecerá al actual gabinete educativo a través de la historia.
Si las medidas son validadas de buena fe, perole estallan en el rostro al titular de la SEE, estaremos hablando de que existían en ellas incentivos perversos, pero en caso de que hubiese un acuerdo cupular estaremos hablando de corrupción y perversión educativa.
Sin ceder la rectoría de la SEE, otra educación es posible.