Desinformación de la Isla de La Palma

Las últimas fechas hemos escuchado a nuestros diputados locales hablar sobre la Isla de La Palma, incluso instalaron una “comisión especial para dar seguimiento al desarrollo del parque industrial de la Isla de La Palma en Lázaro Cárdenas, Michoacán”, integrada por los legisladores Antonio Sosa López, Silvia Estrada Esquivel, Alfonso  Martínez Alcázar, Salomón Rosales Reyes, Érik Juárez Blanquet, José Sebastián Naranjo Blanco y Sarbelio Molina Vélez, y desde donde algunos de ellos, se han dedicado a desinformar sobre la realidad de la isla. 

Primero es importante señalar que el impulsor de la desinformación y los señalamientos ominosos o infaustos fue el ex secretario de Desarrollo Económico, Ricardo Martínez Suárez, pues él fue quien “informó” a la sociedad y a la opinión pública sobre el tema; mañosamente mezcló el Parque de la Pequeña y Mediana Empresa con los terrenos de la Isla de La Palma, queriendo y logrando enmarañar de manera indebida, que varias empresas compraron terrenos en La Palma, cuando en realidad lo hicieron en el Parque, es decir, se trata de dos inmuebles diferentes, su objeto es diferente y por consecuencia su valor es diferente, pero inmoralmente fueron mezclados.

El Parque de la Pequeña y Mediana Empresa, consta de 57 hectáreas que forman parte de la llamada Isla del Cayacal (http://www.fipaim.michoacan.gob.mx/index.php/parques-industriales/parque-de-lapequena-y-mediana-industria-de-lazaro-cardenas), dentro de las que se encuentran los famosos terrenos vendidos a diversos empresarios del estado, y de los cuales el vallejista, Ricardo Martínez Suárez, afirmó que se trataban de terrenos de la Isla de La Palma, y que hoy varios diputados locales siguen aseverando que los terrenos vendidos son parte de La Palma.

Es importante señalar que quien administra el Parque de la Pequeña y Mediana Industria, es el Fideicomiso de Parques Industriales de Michoacán (FIPAIM), es decir, ese organismo es el propietario y administrador, por consecuencia es el responsable de la venta de los terrenos. Ahora bien, la Isla de la Palma según información proporcionada en diversos momentos por el gobierno del estado y por el propio Congreso, consta de 628 hectáreas, las cuales fueron desincorporadas en dos momentos diferentes del patrimonio estatal y pasaron a formar parte del patrimonio del Fideicomiso 2112.

En primer lugar se desincorporaron poco más de 183 hectáreas y posteriormente 444 hectáreas, mismas que se encuentras actualmente de la siguiente manera:

1. Recinto Fiscalizado Estratégico, Zona Franca del Puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, cuenta con 52 hectáreas;
2. Integradora Nacional Cocos Plus, S.A. de C.V, 3.84 hectáreas, que fueron otorgadas en comodato;
3. Costa Michoacana, S.A. de C.V., con 2 hectáreas, igual bajo comodato;
4. Maersk México S.A. de C.V. en una  superficie de 7 hectáreas, otorgadas en comodato;  
5. Kansas City Southern México S.A. de C.V. con 23.49 hectáreas, otorgadas en comodato; y
6. El Servicio de Administración Tributaria con 25 hectáreas, otorgadas en comodato;
7. 112 hectáreas se encuentran en litigio en juicios agrarios, promovidos por el Ejido de Zacatula del Estado de Guerrero; y
8. El resto se encuentran libres. 

De las 628 hectáreas de las que está conformada la Isla de La Palma, no se ha vendido ni un solo metro cuadrado, contrario a lo que afirmó en su momento Ricardo Martínez Suárez y que hoy afirman algunos diputados integrantes de la comisión especial, aunado que de acuerdo a la Ley Aduanera, existe la prohibición de vender los terrenos que corresponden al Recinto Fiscalizado Estratégico, y la superficie ocupada que no forma parte del Recinto, fue conferida en comodato.

Me llama la atención que de manera sorpresiva, los diputados deciden interesarse en La Palma, más aún, siguiendo la misma arenga del gobierno vallejista y reynista, lo cual me lleva a pensar que, los legisladores con la desinformación y denostación le están allanando el camino a alguien para que pueda disponer libremente de los terrenos de La Palma, y es que se sabe que un ente forastero ha ordenado realizar un análisis legal de los terrenos y del propio Fideicomiso 2112, con la finalidad de quitarle el poder a los integrantes del fideicomiso, que en su mayoría son michoacanos de la sociedad civil, para en su momento poder disponer libremente de esas tierras.