¿Quién corrompió a quien?

Falta poco más de un año para que se celebren elecciones en Michoacán y con ellas, se renueven los poderes locales, precisamente el mismo día en que también se elegirán los nuevos diputados federales. Después de todo el viacrucis que ha vivido el estado en materia de seguridad, en el cual las últimas elecciones tanto locales como federales fueron prácticamente manejadas por el crimen organizado, ¿Habrá condiciones para que el próximo año se celebren ya comicios libres, equitativos, imparciales y democráticos?, ¿El cartel que está combatiendo el gobierno federal tendrá para entonces la fuerza económica y bélica suficiente para seguir poniendo alcaldes, diputados locales y federales e incluso al gobernador?,¿O habrá otros carteles que decidan para ese tiempo quienes serán los gobernantes?. Que grave circunstancia está viviendo la incipiente democracia mexicana. Cuando se creía haber logrado desterrar el fraude electoral, perpetrado masivamente a través de la compra y coacción del voto, de la intimidación a los electores, del uso ilegal en las campañas de recursos públicos o con un origen ilícito, del acceso inequitativo de los candidatos a los medios de comunicación, entre otras muchas marrullerías, se descubre que en verdad el acceso al poder público, al menos en el estado, sigue siendo como antes, violentando la ley, siguen influyendo en los procesos electorales los poderes facticos como en antaño, se siguen dando acuerdos vergonzantes para estar al frente de los cargos públicos. Hay quienes prefieren pactar con poderes facticos – unos legales y otros no- con tal de llegar al poder, antes que convencer con su oferta política a los ciudadanos que buscan representar.

El problema cuando se llega al poder gracias a acuerdos ilegales, a pactos obscuros, es que prácticamente se hace imposible imponer la ley y se pierde toda autoridad moral y ética, porque el gobernante está más atento a proteger a quienes lo llevaron a la posición que ocupa, que a servirle a la población. Los recursos públicos en muchas ocasiones se destinan a intereses particulares y no al interés colectivo, no son pocos los casos que se han venido documentando respecto al otorgamiento a miembros de la delincuencia organizada de recursos de programas sociales y agrícolas, de asignación de equipo y maquinaria, de asignación de la ejecución de obras públicas, de  cuotas económicas por cada obra que se realiza en los municipios, de sueldos y salarios, de concesiones de servicios públicos. Incluso ha habido hasta retribuciones económicas mensuales con cargo a los funcionarios y miembros de los cabildos, como ocurrió en el caso de Apatzingán, delito por el cual fue detenido el alcalde priista de ese municipio.

¿Quién corrompió a quién?, ¿Fueron los delincuentes los que corrompieron a los políticos o fueron estos los que buscaron el respaldo de esa gente?. Estoy convencido que ambos lo hicieron conscientes de recibir un beneficio mutuo. Yo te ayudo a que regreses al poder y tú te haces de la vista gorda para que yo pueda hacer lo que se me pegue la gana en este territorio. Yo te doy dinero para tú campaña, tú me lo pagas con la asignación de obras públicas. Yo obligo a la gente a votar por ti, tú me entregas un porcentaje del presupuesto público. Yo amedrento y atemorizo a tu oposición electoral, tu incluyes a mi gente en la nómina de tu gobierno. Yo intimido a quien sea necesario para que ganes las elecciones, tu ayudas a mi estructura para que reciba los beneficios de tus programas sociales, agrícolas, etc. Desgraciadamente, fue así como muchos llegaron a los cargos que hoy ostentan, por eso, ¿Cómo puede esperarse que la autoridad combata a quienes les ayudaron a ocupar dichos cargos públicos?. Es por ello preocupante que la estrategia para restablecer la paz, la tranquilidad y la normalidad democrática en Michoacán vaya tan lenta y que no se alcancé a tener el tiempo suficiente para lograr que el año que entra haya elecciones auténticamente libres y democráticas.