¿Dónde están?

Como en el viejo oeste, que se les ponía precio a los forajidos, paliando con ello una incipiente administración de justicia, el titular de la Procuraduría General de Justicia en México, mediante un “acuerdo específico” anunció el martes 21 de octubre pasado, una “recompensa” de hasta 1 millón 500 mil pesos por la localización de cada uno de los 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, Guerrero desaparecidos; otra cantidad igual se ofrece por la identificación, localización, detención o aprehensión de los probables responsables de los delitos de delincuencia organizada y los que resulten, cometidos en agravio de estos.

El “acuerdo” autoriza el ofrecimiento y entrega de recompensa a quien o quienes proporcionen información veraz y útil, que coadyuve eficaz, eficiente, efectiva y oportunamente para su localización; la entrega de recompensa no aplica a los servidores públicos con funciones relacionadas con la seguridad pública, administración de justicia y ejecución de sanciones penales; los criterios para su otorgamiento son los siguientes:

a) De manera proporcional en relación con la veracidad, utilidad, eficacia y oportunidad que la información aportada haya representado para la localización de una o varias de las personas desaparecidas;

b) Si dos o más personas proporcionan la información, respecto de las mismas personas por las cuales se hace el ofrecimiento y su veracidad, utilidad, eficacia y oportunidad fuese la misma, la recompensa se entregará a quien la hubiere aportado primero, y

c) Si la información es aportada por dos o más personas simultáneamente, respecto de las mismas personas por las que se hace el ofrecimiento, la recompensa será entregada proporcionalmente, según la veracidad, utilidad, eficacia y oportunidad de la información aportada por cada uno.

La entrega de la recompensa se realizará en un sólo pago, mediante depósito en cuenta bancaria o en efectivo, únicamente a quien cuente con el número confidencial de identificación; el “acuerdo” vigente desdesu suscripción, dejará de surtir sus efectos en el momento en que hayan sido localizadas las víctimas, así como identificados, localizados, detenidos o aprehendidos los probables responsables de la comisión de los delitos señalados, o en los supuestos de prescripción, extinción o no ejercicio de la acción penal.Que lamentable que el Estado Mexicano tenga que recurrir a este tipo de “motivaciones” para generar certidumbre a la ciudadanía, ¿cuántos “acuerdos” más hacen falta?