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MORELIA, Mich., 19 de septiembre de 2014.- La jueza séptima de distrito, María Dolores Núñez Solorio, declinó aclarar el sentido del resolutivo sobre el juicio de amparo en contra del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, ante la controversia interpretativa entre la administración estatal que encabeza Salvador Jara Guerrero y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo (STASPE).
El acceso a la funcionaria del Consejo de la Judicatura Federal es prácticamente imposible ya que no recibe llamadas telefónicas y no concede citas para entrevistas porque no está autorizada, según su secretaría particular.
La empleada argumentó que los jueces no están autorizados a dar información alguna a personas ajenas a los conflictos en los que intervienen, así se trate de un asunto público como es el caso de la huelga en todas las dependencias del gobierno del estado.
La jueza Núñez Solorio resolvió, el pasado 12 de septiembre, conceder el amparo de la justicia federal al sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo, contra el acto reclamado al tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán.
El conflicto entre las partes se da porque el gobierno del estado considera que el resolutivo no implica volver a la huelga, la cual se levantó cuando el Tribunal de Conciliación y Arbitraje la declaró inexistente, mientras que el sindicato así lo interpretó y por ello volvió a colocar las banderas rojinegras.
Cabe recordar que el sindicato lidereado por Antonio Ferreyra Piñón decidió estallar la huelga el pasado 22 de abril, luego de que la asamblea general rechazó el ofrecimiento de un aumento directo al salario de 3.5 por ciento y 1.2 más en prestaciones.