Controversia, no significa pleito entre Federación y el Congreso

MORELIA, Mich., 16 de abril de 2014.- La controversia constitucional que interpuso la Presidencia de México contra Michoacán por la Reforma Educativa, no significa pleito entre la Federación y el Congreso local, consideró el presidente de la Mesa Directiva de la 72 legislatura, Alfonso Martínez Alcázar.

En entrevista, el legislador del Partido Acción Nacional, señaló que aunque aún no ha llegado la notificación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), confió en que el litigio esté motivado por un “error de interpretación” ya que la intención de los diputados locales fue cumplir con la armonización respecto al marco jurídico federal.

En este sentido, Martínez Alcázar aseguró que es falso que le Ley de Educación en Michoacán sea una copia de la federal, o que el gobierno de la República “nos la dictó”, pues de lo contrario, no se hubiera interpuesto ninguna controversia contra este marco jurídico en la entidad.

“Con esta acción se desacreditan esos señalamientos que referían que la ley que aprobamos sólo era un copia y pega de la Reforma Educativa, fue una ley que trabajamos con meses de anticipación y que si tuvimos que aprobarla de manera exprés, fue porque no había de otra”, puntualizó el panista.

De esta manera, agregó que el Congreso estará al pendiente de la notificación de la SCJN para conocer los términos de la controversia, en base a la cual, los legisladores determinarán los argumentos sobre los cuatro artículos impugnados y posteriormente, actuar de acuerdo a la sentencia que emita la justicia federal, misma que se generará en un plazo entre los seis y doce meses.

“La controversia es el procedimiento legal para hacer cambios a la legislación estatal, sobre algo que no queda muy claro, o por que se haya invadido alguna atribución federal, de manera involuntaria” precisó.

Es de señalar, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya admitió las cuatro controversias promovidas por la Presidencia de la República contra los estados de Michoacán, Chiapas, Sonora y Oaxaca, a éste último por haber sido omiso en la armonización total de su legislación local en materia de educación.