Presentan denuncia contra magistrados Luna y Figueroa

MORELIA, Mich., 14 de julio de 2014.- El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) presentó hoy denuncia de hechos ante el agente del Ministerio Público de la Federación contra el magistrado suspendido Jesús Guadalupe Luna Altamirano por la comisión de probables conductas constitutivas de delitos en la tramitación y resolución de 12 tocas penales  y juicios de amparo, así como por haber obtenido ingresos distintos a los que por razón de su encargo le correspondían.

De acuerdo con un comunicado de prensa, de igual manera, presentó denuncia de hechos ante el representante social de la Federación contra el también magistrado suspendido Jorge Figueroa Cacho, por haber incurrido en probables conductas delictivas derivadas de operaciones bancarias y transacciones financieras inusuales con empresas dedicadas a la compra-venta de metales y joyas del Estado de Jalisco.

El CJF expresa que seguirá cumpliendo con su mandato constitucional de vigilar que sus funcionarios públicos se conduzcan con ética y los más altos estándares de calidad e imparcialidad, en el desempeño de sus funciones.

Esta institución continuará haciendo públicos casos como los que se informan, en congruencia con su política pública de transparencia y rendición de cuentas.

Pero de la misma manera expresa el compromiso de los más de mil 200 juzgadores y juzgadoras con la ética judicial y la erradicación de conductas, las menores, de servidores públicos que incurren en deslealtad a la Constitución.

De esta manera, en el caso de Luna Altamirano se ordenó en mayo de 2012 una visita extraordinaria al Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, entonces a su cargo, encontrándose presuntas conductas que denotaron falta de profesionalismo e imparcialidad, notoria ineptitud y descuido en el trámite y resolución de los tocas penales 57/2008, 136/2009, 95/2010, 451/2010, 21/2011 y 446/2011, así como en los juicios de amparo 19/2009, 44/2009, 3/2009, 19/2011, 5/2011 y 25/2011.

Por lo que respecta a la investigación llevada a cabo por la Contraloría del Poder Judicial de la Federación, ésta abarcó los ámbitos bancario, fiscal, de registro de bienes inmuebles y declaraciones patrimoniales, encontrándose que Luna Altamirano es probable responsable por faltar al deber de presentar con veracidad las declaraciones de modificación patrimonial de 2004 a 2012.

Los hallazgos fueron los siguientes: se identificaron movimientos por depósitos y/o abonos, cuyo origen se desconoce, por un monto total que asciende a los dos millones 705 mil 852 pesos, y se observaron movimientos de retiro mediante cheques y transferencias, sobre los que se desconoce el beneficiario, destino y aplicación, de ocho millones 469 mil 131 pesos.

A mayor abundamiento, por la primera de las cantidades, se detectaron los siguientes movimientos: 13 transferencias, 46 depósitos con cheques o documentos; 62 depósitos en efectivo y 9, clasificados como otros depósitos.

En el análisis de los registros bancarios de familiares y personas relacionadas con el servidor público (ocho personas cuyos apellidos coinciden con alguno de los dos del magistrado suspendido), se detectaron 300 depósitos por un monto total de un millón 970 mil 440 pesos, concentrándose en una mujer el 61 por ciento de ellos.

Asimismo, resultaron trascendentes 411 movimientos por retiros o cargos por diversos conceptos, cuyo propósito y aplicación se desconoce, en una cuenta a su nombre por un total de 8 millones 469 mil 131 pesos.

En dólares americanos se detectaron 127 operaciones por un total de 633 mil 981 dólares.

Por otro lado, en la verificación de su evolución patrimonial, en la respectiva al año 2010, el magistrado suspendido refirió la donación de una propiedad ubicada en la Delegación Coyoacán, con valor de cuatro millones 929 mil 600 pesos, a favor de una de sus hijas. Sin embargo, en el apartado destinado a señalar el valor de la operación no lo marcó como “Cero”, así como tampoco en el respectivo al valor catastral o comercial.

Tales circunstancias pudieran representar un riesgo en materia de lavado de dinero asociado a las operaciones inmobiliarias, el cual consiste en que el servidor público o sus personas relacionadas pueden adquirir propiedades registrando un valor inferior al real, pagando la diferencia al vendedor en efectivo y vendiendo posteriormente la propiedad por un valor mayor, justificando así sus ganancias y dándoles la apariencia de licitud.

Caso Jorge Figueroa Cacho

En el caso de la investigación administrativa iniciada en contra del magistrado suspendido Jorge Figueroa Cacho, por hechos cometidos cuando se encontraba adscrito al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, con sede en Jalisco, se detectaron las siguientes operaciones inusuales:

Recibió a su nombre tres cheques por diversas cantidades que suman un millón 792 mil 250 pesos, provenientes de la cuenta de una empresa dedicada a la venta y compra de oro.

Además, el primero de octubre de 2012 Figueroa Cacho recibió a través de endoso en propiedad a su favor, otros tres cheques expedidos a nombre de tres mujeres con apellidos diferentes, por un total de 855 mil 652 pesos, y que fueron librados por otra empresa dedicada a la venta de metales finos.

La totalidad de los mencionados recursos –dos millones 647 mil 902 pesos- fueron retirados de la cuenta del mencionado dos días después, mediante un cheque de caja por el valor equivalente en dólares americanos, a favor de una mujer.

Por lo que hace al análisis de los estados de cuenta del mencionado, proporcionados por las instancias competentes, se identificaron 155 operaciones de depósitos, cuyo origen se desconoce, por un monto total de dos millones 869 mil 205 pesos.

En el caso de los registros bancarios de cinco de sus familiares, se identificaron 357 depósitos y/o abonos, cuyo origen se desconoce, por un monto de seis millones 175 mil 618 pesos.

En productos financieros en dólares americanos, se advirtió que en una cuenta registrada a su nombre se realizaron depósitos y abonos por un monto de 50 mil 449 dólares.

Al respecto, la Contraloría del Poder Judicial de la Federación indicó que dicho magistrado es probable responsable por faltar al deber de presentar con veracidad las declaraciones de modificación patrimonial de los años 2007 a 2010.

El Consejo de la Judicatura Federal hace expresa su colaboración con el agente del Ministerio Público Federal para coadyuvar en todo momento en las indagatorias respectivas.