LÁZARO CÁRDENAS, Mich., 31 de agosto de 2010.- El Consejo Estatal de Seguridad Pública puso en serios aprietos al gobierno municipal al ordenar el despido de 47 policías municipales que supuestamente reprobaron el examen de Control y Confianza practicado por el organismo del estado.
La disposición es “inapelable” para la autoridad local y por otro lado esta carece de los recursos económicos para cubrir las liquidaciones a que tienen derecho los ex policías que tienen antigüedades desde uno hasta 14 años de servicio en la corporación.
El alcalde Adolfo Tovar no termina por convencer a los despedidos de que las causas de sus bajas son ajenas al paro de labores que sostuvieron por casi dos semanas y que negociaron no recibir represalias por su movimiento que exigía la salida del director de la corporación policíaca, un agente de la PF que llegó al cargo por disposición de la Secretaría Federal de Seguridad Pública y al que acusaron de malos tratos y de ordenar extorsionar a los ciudadanos.
Tovar Ontiveros se reunió con los policías municipales despedidos, quienes insisten en que sus bajas son producto de represalias por el paro de labores. El alcalde reitera que el despido es ordenado por el Consejo Estatal de Seguridad Pública y hasta dio lectura a una parte del documento “confidencial” que le hizo llegar el organismo público y cuya orden “es inapelable”.
Ante esto el alcalde explicó que no esta en sus manos la reinstalación de los despedidos porque al contravenir la orden incurre en desacato y enfrentaría un proceso “grave en mi contra”, reviró el alcalde recién llegado de un viaje relámpago a Laredo, Texas, Estados Unidos.
Sin embargo, ni el alcalde puede explicar como surge el despido de 47 policías que tienen desde un año y hasta 14 años de servicio como policías municipales.
“Ustedes no pasaron el examen de Control y Confianza y ese es el motivo por el que se ordena su baja”, reitera el alcalde ante los reclamos de que la medida es injusta y no cuadra con la realidad como servidores públicos que exponen los despedidos.
En el grupo de despedidos sin embargo surgen otros que también están dados de baja pero que ni siquiera han hecho tal examen. Las quejas son incluso de mujeres que estaban asignadas a la corporación pero que no hacían labores de policías.
“El director Arellano está aprovechando este momento para dar de baja a varios elementos, entre estos varias mujeres, que ni han sido citados al señalado examen ni han dado motivos para ser despedidos”, le reclaman al presidente municipal.
Los que ya se convencieron que no aprobaron el examen, reclaman entonces sus liquidaciones inmediatas “porque no tenemos ingresos para el sustento de nuestras familias”, le exigen al presidente Adolfo Tovar.
“La realidad es que no tenemos dinero para sus liquidaciones y ni siquiera puedo comprometer una fecha para su posible finiquito”, explica el representante de la comuna.
“Entonces debe reacomodarnos en otra actividad hasta que nos puedan indemnizar porque nos están dejando en la calle, sin empleo, sin ingresos y sin finiquitos y tenemos hijos que debemos sostener”, le reviran.
La reunión concluye con el compromiso mínimo de que el alcalde les dará a conocer los nombres que aparecen en la lista de policías cesados “y los que no estén, vemos que se puede hacer para que sigan, pero es solo un compromiso de revisar su situación, nos vemos mañana”, tercia el licenciado Artemio Yánez, asesor de la presidencia municipal cuya intervención resultó un respiro para el atosigado alcalde.
