El ambiente denso de la política nacional amenaza con envenenarse.
Hay muchos frentes.
El priísmo ha tocado tambores de guerra para enfrentar a Felipe Calderón en el Legislativo y prepara golpes donde más le duelen: en los ingresos, en sus poderes y en su inmunidad.
La decisión de reducir impuestos ya no tiene reversa.
Si alguien dudaba ayer el dirigente del sector popular, Emilio Gamboa, se sumó a la iniciativa liderada por el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Francisco Rojas, para regresar el IVA al 15 por ciento.
De nada sirve, dijo Gamboa, pagar altos impuestos si no hay eficiencia para gastar y no se traducen en servicios.
Simultáneamente, los priístas de San Lázaro estudian cómo obligar al Ejecutivo a gastar el presupuesto con calendario y control a partir del 2011.
Por si fuera poco, un grupo de especialistas coordinados por el jalisciense Arturo Zamora elaboran iniciativas para sancionar al presidente de la república cuando violente la Constitución u otras leyes.
Se trata de no repetir violaciones -calificadas ya por los magistrados electorales e inclusive por su presidenta María del Carmen Alanís, con acceso a Los Pinos- como los mensajes en víspera de votaciones.
Un artículo -el 41- lo sanciona y otro -el 108- le da impunidad.
LA DESCALIFICACION DEL GOBIERNO
En el gobierno también hay deseos de guerra.
Enterado de estos preparativos, Calderón ha echado a andar su maquinaria mediática para culpar al Legislativo, y en especial a los priístas, de toda la inercia nacional.
Los foros por la seguridad pública fueron el principio de la estrategia para justificar las críticas a todos los de enfrente: a los gobiernos estatales y municipales, al Congreso de la Unión, a los partidos políticos, a organizaciones sociales y religiosas…
Por como enseñan sus armas, será el regreso al foxiato.
Cuando Vicente Fox era rebasado por la inseguridad, culpó a los legisladores de no aprobar sus reformas.
-Instrumentos de ley tiene, pero no los usa. Su incapacidad para gobernar es supina -le repuso el priísta Enrique Jackson Ramírez, entonces presidente del Senado de la República.
Ese será el debate de los próximos meses, ya verá usted.
Una pelea así ni en la lucha libre.
AUDITORES CON TRABAJO ADICIONAL
Mala modelo escogió el dirigente Jesús Ortega para presentar el domingo antepasado el decálogo del buen gobierno de izquierda.
Amalia García será buena para la retórica, mas no para la administración y la civilidad.
A dos semanas de dejar el gobierno, las cuentas no le salen y el despacho externo contratado ex profeso para poner en orden sus números intenta desesperadamente cuadrar casi diez mil millones de pesos.
Por todos lados hay faltantes: Ramo 33, Issstezac, deudas con la burocracia, Ciudad Gobierno…
Ah, Ciudad Gobierno.
El gobernador electo Miguel Alonso Reyes le pidió no usar ese paquidermo costoso e inoperante -se proyectó en dos mil millones y costó cinco mil 400, y hoy todavía le falta infraestructura y equipamiento-, pero Amalia se negó.
-Yo tomo decisiones hasta el último día de mi gobierno -le mandó decir.
Seguramente así será, pero ayer Miguel Alonso Reyes retiró su equipo de transición porque no hay cuentas claras, no hay actas de entrega-recepción y nada más dan largas los representantes de Amalia García.
Pero como ella pretende postularse nacionalmente como dechado de honestidad, PRI y PT le van a tomar la palabra y le preparan una sorpresita: crearán la Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas.
A través de ella enjuiciarán a Amalia, a los amalistas y protegidos de Claudia Corichi, hija de la gobernadora.
PRI y PT no andan perdidos: son mayoría en el Congreso zacatecano con 16 de 30 curules.
