GARANTIZAR EL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y EL DERECHO A LA INFORMACIÓN
En nuestro País se encuentran de visita oficial desde el día 9 de agosto del presente año, Frank W. La Rue Relator Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas (O.N.U) y Catalina Botero Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (C.I.D.H.), en su estancia en nuestro País han sostenido diversas reuniones con funcionarios del ejecutivo federal, Ministros de la Suprema Corte de Justicia, integrantes de Poder Legislativo, líderes sociales y representantes de organizaciones no gubernamentales; con el objetivo de revisar el Estado que guarda la libertad de expresión y de opinión en México y de esta manera poder elaborar un informe con recomendaciones en la materia.
Y es que en nuestro País periodistas y comunicadores en el ejercicio de su profesión han sufrido amenazas, detenciones arbitrarias, lesiones, desaparición y pérdida de la vida, por parte del narcotráfico, la delincuencia organizada y por las propias autoridades, violándose de manera reiterada el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información.
Datos señalan, que en menos de 11 años han muerto 64 comunicadores y otros 11 se encuentran desaparecidos; los años que registraron más homicidios de comunicadores fueron 2006 con 10 asesinatos, 2008 con igual número y 2009 con 12 casos, en lo que va de este año 2010 se han registrado 9 crímenes.
En el marco de las reuniones sostenidas con funcionarios del gobierno mexicano, Frank La Rue comentó que todo País debe tener un mecanismo de emergencia para protección de periodistas, ”que sea una comisión oficial del más alto nivel, organismo mixto de instituciones de Estado, especialmente del área de seguridad, gente de la sociedad civil, periodistas, organizaciones no gubernamentales que trabajen a favor de la libertad de expresión; con presupuesto propio; con poder de convocatoria y de cuestionar; con poder de proponer legislación”.
Además explicó, que es necesario capacitar a las y los funcionarios de seguridad pública a nivel federal, estatal y municipal; recibir un debido entrenamiento en el uso de la fuerza, entender y aplicar los manuales de Naciones Unidas en materia de población civil, así como los que se refieren al papel que desempeñan los defensores de los derechos humanos y periodistas.
El Relator de la Organización de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión enfatizó también, que cada caso de violencia contra una o un periodista debe ser investigado a profundidad; al señalar que: ”la impunidad es un generador de violencia, cada vez que un caso no se resuelve no es que se repita otro, sino que se multiplican otros”.
A su vez, Catalina Botero Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos precisó que: ”la condena de los responsables de los crímenes contra periodistas y medios es una condición necesaria para disuadir estos ataques, reparar a las víctimas y proteger de manera efectiva la libertad de expresión”.
Ante la grave situación que enfrentan los periodistas y comunicadores en México, resulta fundamental el impulso de políticas públicas en materia de seguridad que permitan mejorar la protección de los mismos, en el ejercicio de su profesión.
Asimismo, es importante fortalecer la labor de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, a través del establecimiento de mecanismos en su marco normativo que le permitan responder de manera expedita y eficaz, ante situaciones de riesgo en contra de comunicadores y periodistas.
Otro aspecto que se debe tomar en cuenta, es realizar las modificaciones pertinentes a nuestro andamiaje jurídico para trasladar a la jurisdicción federal los crímenes que se cometan en contra de comunicadores y periodistas, ya que de esta manera se tendrá uniformidad legal en el tratamiento que se de a las investigaciones y en los procedimientos que se establezcan relativos a la administración de justicia.
Considero, que la evaluación y escrutinio internacional que en este momento se esta llevando a cabo, es una nueva oportunidad para que el Estado Mexicano muestre su compromiso y obligación en la salvaguarda del derecho a la libertad de expresión y del derecho a la información, a través de acciones y medidas concretas que permitan garantizar el libre y pacifico ejercicio de los mismos.
Sin duda, la noble labor de los medios de comunicación debe ser garantizada por el Estado Mexicano, pero también resulta primordial que los mismos establezcan un compromiso ético en el desempeño de su actividad, impulsando la cultura, la educación, los principios y valores de la democracia, así como el cuidado y protección de nuestro medio ambiente; ya que estoy cierto que en la medida en que medios de comunicación, gobierno y sociedad civil asumamos con responsabilidad y compromiso nuestro papel, habremos de avanzar en la construcción de un País con una mejor cohesión social y en donde los derechos humanos y sociales se respeten plenamente.
Alfonso R. Izquierdo Bustamante
Diputado Local, Presidente del Consejo Directivo
Nacional de la Fundación Carlos A. Madrazo, A.C. y
Secretario Adjunto a la Presidencia del C.E.N. del P.R.I.
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