MÉXICO, DF., 23 de agosto de 2010.- Elementos de la Policía Federal aseguraron a cuatro presuntos delincuentes dedicados a cometer extorsiones y privación ilegal de la libertad, al servicio del grupo conocido como La Familia Michoacana, quienes operaban en el Estado de México.
Esta acción fue resultado de investigaciones de gabinete y de campo que realiza la Policía Federal sobre La Familia Michoacana, teniendo como resultado la identificación de este grupo que operaba en las inmediaciones del municipio de Nezahualcóyotl.
De esta manera, efectivos federales implementaron un operativo en la zona logrando identificar y asegurar en flagrancia a las siguientes personas mientras intentaban realizar el cobro de una extorsión:
o Marco Antonio Palma Martínez, de 36 años de edad, originario de Guerrero
o Jorge Torres López, alias El Geovany de 27 años de edad, originario del Estado de México
o Omar Méndez Granados, alias El Comandante Kevin de 27 años de edad, originario del Estado de México
o Amador Baltazar Valdobinos, alias El Carrillo, de 36 años de edad, originario de Guerrero
Reportes de inteligencia señalan que entre las principales víctimas de este grupo se encuentran propietarios de salones de eventos sociales y de locales farmacéuticos, a quienes presuntamente extorsionaban vía telefónica, realizando, mediante amenazas, cobros de fuertes cantidades de dinero a cambio de no causarles daño.
A estas personas les fue asegurado:
o Un vehículo Cadillac, STS, color blanco perla, con placas de circulación 417WMJ del Distrito Federal
o Un vehículo Ford, Grand Marquis, color verde, con placas de circulación 242UVL del Distrito Federal
o Dos armas de fuego calibre 45 milímetros, con dos cartuchos útiles
o Un arma de fuego calibre .32 milímetros
o Un arma de fuego calibre 9 milímetros
o Celulares de diversas marcas y modelos
o 100 envoltorios con un polvo blanco con las características propias de la cocaína
o 150 cartuchos útiles calibre .223 milímetros
o Diversos documentos
o Tres carteras
Fue así como los cuatro detenidos y lo asegurado, fueron puestos a disposición de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), para que sea quien determine su situación legal.
