“Permita que su discreción sea su tutor: ajuste la acción a la palabra, y la palabra a la acción”… Shakespeare.
La transparencia en Michoacán se mantiene como un fetiche de la clase gobernante y política, es simplemente un adorno en el discurso con el que pretenden negar la realidad abrumadora de opacidad y acuerdos en lo oscurito, donde la información realmente importante, permanece bajo llave.
Para muestra sirva el caso de Canal 13 de Michoacán, que a través de la periodista Verónica García Magaña solicitó 3 asuntos que a la lógica común parecen simples y deberían ser totalmente transparentes, es más, publicitados por la Legislatura en su página de internet:
1. Copia de cada una de las minutas levantadas en las reuniones de la Junta de Coordinación Política durante la 71 Legislatura de Michoacán.
2. Copia de los préstamos que se han autorizado a los diputados integrantes de la 71 Legislatura de Michoacán.
3. Copia de los convenios de arrendamientos para la compra de automóviles firmados por el Congreso del Estado a favor de los integrantes de la 71 Legislatura de Michoacán.
Los tres asuntos tienen que ver con el manejo de recursos públicos, dinero que sale de los bolsillos de los mexicanos, así que, como lo estipulan los objetivos de la Ley de Transparencia de Michoacán, no debería haber problema para que todo michoacano conociera cómo se gastan los recursos que se auto aprueban, los legisladores locales.
Sin embargo, el Congreso local determinó negar esta información, por lo que García Magaña solicitó recurso de revisión ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Michoacán el cual dictaminó sorprendentemente que no procedían los puntos 2 y 3, pero que la 71 Legislatura estaba obligada a entregar copia de las minutas de la Junta de Coordinación Política.
El pasado jueves venció el plazo y como era de esperarse, el Congreso no entregó los documentos y seguramente no lo hará. Después de todo el ITAIMICH no tiene mayor atribución que apercibir, amonestar en privado, luego públicamente y si no hay respuesta, sancionar al Congreso con 50 y hasta 100 salarios mínimos, es decir un aproximado de 5 mil pesos. Cabe destacar que entre cada sanción deberán transcurrir 10 días hábiles.
Así que el peor escenario para los legisladores opacos es una sanción que desde su perspectiva resultará una broma. No olvide usted que ganan 50 mil pesos y reciben bonos para gestoría entre 25 mil y 75 mil pesos, según el diputado al que le pregunte, así que entre transparentar la información en mención y pagar la multa, seguramente optarán por pagar la multa.
Ahora bien, ¿qué gana el ciudadano que solicitó la información y ganó el recurso de revisión en el Instituto de Transparencia? Si acaso, seguir evidenciando la opacidad de los funcionarios en turno y en el caso de Canal 13 de Michoacán, confirmar la opacidad con la que opera la 71 Legislatura y nada más.
Ni hablar, la Ley de Transparencia estatal está hecha a modo de los poderes en turno, no hay sanciones ejemplares para los que incumplan y el ITAIMICH carece de autonomía y campo de acción, así que tardará todavía algunos años para que haya avances en la materia, pero antes, deberán llegar al poder, políticos y ojalá ciudadanos, con el real ánimo de transparentar la función pública, mientras tanto, usted seguirá escuchando la palabra transparencia como un fetiche más de los políticos en turno.
¿Qué sigue?
Ante tan opaco panorama legislativo, la presidenta del ITAIMICH, Ana María Martínez Cabello sugiere que se presente una denuncia penal, especialmente porque el secretario de Finanzas del Congreso Local, Ignacio Alvarado Laris cayó en contradicciones. Primero, en Noticiero Michoacano reconoció, el 19 de noviembre del 2009, que por lo menos 8 ó 9 diputados habían solicitado préstamos; después, por escrito en respuesta a la petición de información contestó oficialmente que “no se habían autorizado préstamos a los diputados”, vaya contradicción y sin embargo, el Instituto de Transparencia no pudo hacer nada.
Conste que en Noticiero Michoacano también se lograron entrevistas con diputados como Librado Martínez y Samuel Arturo Navarro, quienes aceptaron haber solicitado y recibido préstamos en la actual legislatura; con la coincidencia que les otorgaron, casualmente, la misma cantidad, 400 mil pesos, y les fue depositada el mismo día y a la misma hora. Mientras que Epigmenio Jiménez, pese a recibir la misma cantidad de dinero, el mismo día y hora, optó por señalar que era un asunto privado y Martín Cardona, no quiso hablar sobre el asunto.
Así que ahora, a poner sobre la balanza buscar un abogado y atender la recomendación de Martínez Cabello o a esperar que algún legislador dé muestras de transparencia.
Otro botón…
Esta semana también el diputado federal panista Julio Castellano Ramírez, debió recibir respuesta del Congreso michoacano a su petición de información, respecto a que la 71 Legislatura detallara el monto y destino que han tenido los recursos que ha utilizado el poder Legislativo al gestionar apoyos a favor de las clases desprotegidas.
En este caso, los legisladores locales ni siquiera le contestaron. El plazo venció el pasado lunes 9 de agosto y no hubo ni siquiera una negativa. Lástima.
Con la esperanza de que haya una próxima vez… me despido, gracias.
cmongem@hotmail.com
