MORELIA, Mich., 10 de agosto de 2010.- El secretario de Gobierno, Fidel Calderón Torreblanca, está en su derecho de decidir participar o no por la candidatura del Partido de la Revolución Democrática (PRD) al gobierno de Michoacán en 2011, manifestó el líder estatal de la expresión interna del sol azteca Alianza por la Unidad Democrática (PRD), Raúl Morón Orozco.
Al respecto, el diputado local, ex dirigente estatal del PRD y presunto aspirante al gobierno de Michoacán indicó que aprecia que la decisión del encargado de la política interna en Michoacán “es real y sincera” y consideró que es positivo que haga públicas esas declaraciones, puesto que de esa forma garantiza una mayor equidad entre quienes aspiran en el sol azteca a contender por la gubernatura estatal.
Raúl Morón recordó que el gobernador Leonel Godoy Rangel había expresado en su oportunidad su determinación de demandar a los miembros de la administración estatal que encabeza que renunciaran a sus cargos si pretendían contender por algún cargo de elección popular, puesto que no permitiría que desde su gobierno se incurriera en acciones de tipo político electoral que dieran paso a especulaciones.
En ese sentido, el representante popular consideró que el autodescarte de Fidel Calderón tiene relación justamente con esa decisión del titular del Ejecutivo estatal, al decidirse de manera correcta por avocarse a cumplir con su responsabilidad en la Secretaría de Gobierno de Michoacán.
Morón Orozco consideró que puede haber diversas interpretaciones a la decisión del funcionario estatal, incluso aquella respecto de que se debe a las presiones del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por el presunto mal manejo de recursos públicos desde la Secretaría de Gobierno, pese a lo cual indicó que independientemente de ello los programas sociales de los gobiernos federales, estatales y municipales siempre deben ejecutarse con apego a la transparencia, por lo que sería sano que se hicieran públicos los padrones de beneficiarios.
En su opinión, la dirigencia y los diputados del tricolor están en su derecho de señalar presuntas inconsistencias en la aplicación de recursos públicos, pero deberán demostrarlas, para que se corrijan posibles errores y de existir malos manejos tomar las medidas pertinentes desde el Ejecutivo estatal.
