FORTALECER EL DERECHO A LA SALUD Y A LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS MEXICANOS
La salud, constituye un derecho fundamental de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política, condición económica o social; además de ser pilar fundamental para poder alcanzar el crecimiento, el desarrollo y la paz social.
Por ello el derecho a la salud es un derecho humano con reconocimiento jurídico internacional. Este derecho está expresamente reconocido en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al establecerse que: “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”.
A este respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde su constitución señalo que: “los gobiernos tienen responsabilidad en la salud de sus pueblos, la cual sólo puede ser cumplida mediante la adopción de medidas sanitarias y sociales adecuadas”; es decir, que tienen la obligación de establecer los mecanismos que permitan, que la protección de la salud sea una realidad, adecuando su legislación y dando origen a programas que tengan como finalidad este objetivo.
En nuestro País, las políticas sociales derivadas del contenido de nuestra Carta Magna de 1917, permitieron la construcción de un sistema nacional de salud que no obstante los problemas por los que atraviesa, ha sido un poderoso instrumento para salvaguardar el derecho a la salud y a la seguridad social de los mexicanos.
En este contexto, la seguridad social en nuestro País de conformidad con la normatividad que la regula, tiene como finalidad garantizar el derecho a la salud, a la asistencia médica, a la protección de los medios de subsistencia y a los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, como lo es el otorgamiento de una pensión que es garantizada por el Estado.
No obstante el avance en materia de protección al derecho humano a la salud, México enfrenta graves rezagos e inequidades, además de nuevas situaciones económicas y sociales que ponen en riesgo la protección de este derecho fundamental de los mexicanos.
En primer lugar se plantean retos de cobertura, ya que los recursos destinados al sector salud siguen siendo inferiores a las necesidades de la población; en donde el acceso a la protección de la salud ha sido excluyente y segmentado, beneficiando generalmente a grupos de mayor capacidad de organización y de representación pública.
De esta manera, los regímenes de protección tienen un aspecto regresivo al no beneficiar a quienes más lo requieren, haciendo nulo el propósito de equidad en materia de atención médica.
Datos del gobierno federal confirman esta grave situación que vive la población de nuestro País, al señalar de acuerdo con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) que al menos 43.3 millones de mexicanos (40.7% del total de la población) no tenían acceso a ninguna institución o programa de salud pública o privada.
Los Estados que de acuerdo a esta información presentan un mayor porcentaje de personas sin acceso a los servicios de salud son: Puebla, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Veracruz, Morelos y Distrito Federal:
Estos datos además señalan que de la población que cuenta con acceso a instituciones en materia de cuidado a la salud, el 30.7% está afiliado al IMSS, 6.6% al ISSSTE, 0.9% a servicios de salud de PEMEX, Defensa o Marina, el 19% cuenta con seguro popular, y 2% otras fuentes, las cuales incluyen a los seguros médicos privados.
En cuanto, al seguro popular se menciono que a la fecha se han inscrito más de 36 millones de personas, registrándose aproximadamente una filiación de un millón de individuos por mes.
Estoy cierto, que en materia de cuidado y protección al derecho a la salud de los mexicanos, resulta de suma importancia la reestructuración del Sistema Nacional de Salud, para que el mismo se sustente en criterios específicos que busquen fortalecer la coordinación entre las instituciones y entre los niveles de gobierno; generando con ello la concentración de políticas, programas y acciones que nos permita construir un modelo nacional capaz de proporcionar una mayor cobertura en beneficio de nuestra población.
Asimismo, es importante impulsar el desarrollo integral y equilibrado de la infraestructura del sector salud en todo el País, para poder garantizar el acceso de la población a la atención médica especializada; además de destinar los recursos necesarios para crear más unidades médicas ubicadas estratégicamente en el territorio nacional y de esta manera facilitar el acceso a una atención de calidad, sobre todo en las zonas rurales más alejadas.
Además, resulta necesario modernizar los sistemas de abastecimiento y de uso de medicamentos, reglamentado de una mejor manera su uso, mediante una capacitación permanente de los profesionales de la medicina, estableciendo mecanismos de control para evitar su venta sin receta médica.
También, es fundamental el fortalecer de manera prioritaria, los programas de vacunación, nutrición, salud reproductiva y de atención a los niños y en general a los grupos más vulnerables.
En cuanto al tema de pensiones, resulta importante el garantizar que las mismas puedan proporcionar un nivel de vida decoroso a los hombres y mujeres que con su trabajo contribuyeron al desarrollo de nuestro País y nunca implementar medidas o reformas que menoscaben estos legítimos derechos ganados a lo largo del tiempo.
Estoy cierto, que con estas medidas y acciones sugeridas en la presente editorial, podremos garantizar de mejor manera el derecho a la protección de la salud y los derechos en materia de seguridad social de los mexicanos, que se encuentran consagrados en el texto de nuestra Constitución Política.
Alfonso R. Izquierdo Bustamante
Diputado Local, Presidente del Consejo
Directivo Nacional de la Fundación Carlos A. Madrazo, A.C., y
Secretario Adjunto a la Presidencia del C.E.N. del P.R.I.
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